El coordinador general de IU, Cayo Lara, lo pone como ejemplo para evitar que "las sucesivas medidas bancarias tomadas por el Gobierno y pagadas con dinero público acaben teniendo que pasar siempre por la ventanilla de los bancos privados. Esto acaba siendo un impuesto reaccionario". Para Lara, "no está llegando el dinero a las pymes porque los bancos están sirviendo de cuello de botella", incluso para las líneas de financiación ya dispuestas por el ICO. Entiende que "este grave problema de liquidez no está aún resuelto para las empresas" y nos encontramos "ante un modelo abocado a la reestructuración financiera que se corresponde con los intereses de grandes sectores financieros, avalados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y todo ello con un gran uso de recursos públicos".
Frente a la negativa del Gobierno para crear una Banca Pública, Cayo Lara defiende la propuesta de IU como forma para que "se permitirá la inversión en la economía productiva, se impedirán los 'corralitos', se garantizará el empleo de los trabajadores del sector bancario y no se pondrán en riesgo los intereses de los ciudadanos".
El secretario federal de Economía y Trabajo de IU, José Antonio García Rubio, considera que la banca española demuestra "día a día que no es funcional y no está jugando su papel de intermediario financiero". Puso como ejemplo que mientras "niega la gestión de créditos que arrancan del ICO ofrece a las Pymes otros privados aplicando elevados tipos de interés, que pueden llegar hasta el 13%". Señala que ahí radica una de las principales necesidades de la iniciativa que plantea IU para impulsar el ICO -que actualmente cuenta con sólo 289 trabajadores y cuyo máximo responsable ha sido recientemente relevado por el Gobierno-, que dispone de "pocas competencias para asumir las tareas encargadas".Otras de las propuestas de Izquierda Unida pasan por desarrollar las agencias financieras y de crédito de las comunidades autónomas, que actualmente se limitan a seis, para ayudar a facilitar dinero a la economía real.
IU apuesta también por defender la actual naturaleza jurídica de las cajas de ahorros y evitar cualquier atisbo de privatización. García Rubio explica que sería necesaria "la permanencia del Estado en el capital de estas entidades cuando entre en él a través de las cuotas participativas", instrumento recogido en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Esta propuesta encaminada a fomentar la concesión de créditos se completaría con el aprovechamiento de las oficinas excedentarias de las fusiones entre cajas para impulsar esa nueva red de Banca Pública y evitar despidos. En el modelo que baraja IU está también estudiar la posibilidad de que vuelva a titularidad pública Bancorreos –la antigua Caja Postal, reformada a partir de un acuerdo entre el Deutsche Bank y Correos-, y con presencia en numerosas oficinas postales. Ello se completaría con la recuperación de las fichas bancarias de las antiguas entidades públicas como el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Local y el Banco de Crédito Agrario, para actuar como banca comercial del Estado.Compartir esta noticia:
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