David Rodríguez Albert
Miembro de la Permanente d'EUiA
El 24 de junio pudimos leer en la prensa la presentación de un informe de la OCDE sobre la evolución de los salarios y de la distribución de la renta en Europa durante la década que va desde 1995 a 2005. Algunas de las conclusiones del estudio son las siguientes:
El salario medio real de los españoles perdió el 4% de su poder adquisitivo entre 1995 y 2005, siendo España el único de los 30 países miembros de la OCDE en el que se experimentó un descenso de este poder adquisitivo.
El número de trabajadores con sueldos inferiores al 60% del salario medio ha pasado de 1,3 millones en 1994 a dos millones en 2004.
Dos de cada tres jóvenes trabajadores tienen un contrato precario, el doble que en la OCDE.
Mientras los salarios caen, los beneficios empresariales se multiplican, con un espectacular incremento del 73% entre 1999 y 2006.
Si bajan los salarios y suben los beneficios, es obvio que la desigualdad aumenta. Según datos de Eurostat, la quinta parte más rica de la población española ganó en 2005 5,4 veces más que la quinta parte más pobre. Este indicador ha experimentado un repunte, ya que en 2002 estaba en 5,1. La media de la UE se sitúa en 4,9.
Esos datos son coherentes con los que proporciona la contabilidad nacional. El peso de la remuneración de asalariados en el PIB era del 53.43% en 1995 y ha descendido al 52.75% en 2005, mientras que el peso del excedente de explotación se ha incrementado del 46.57% al 47.25%.
Al aumento de las desigualdades se le suma la debilidad de nuestro estado del bienestar. Eurostat indica que los países europeos han invertido en la última década recursos equivalentes al 28% del PIB como protección social. En el mismo capítulo, España invirtió un 20% de media, cayendo del 22% en 1995 al 19,5% en 2005.
Por tanto, los efectos de las políticas liberales aplicadas por España durante los últimos años han generado una creciente desigualdad y una distribución de la riqueza a favor del capital. Estas políticas, aplicadas por el PP entre 1996 y 2004, tienen su precedente en la creciente derechización del PSOE de Felipe González (con la firma del acuerdo de Maastricht y las reformas laborales como elementos más sintomáticos), y tienen su continuidad en el liberalismo de Zapatero y Solbes.
Para demostrar esa continuidad, lo mejor es analizar cuáles han sido las reacciones de nuestro ministro de economía y del gobernador del Banco de España durante los últimos días. Es importante aclarar que Zapatero no ha realizado declaración alguna ante la noticia de la disminución de los salarios y el aumento de las desigualdades, lo cual ya es un hecho indicativo de que la justicia en la distribución de la renta no entra dentro de su agenda política.
Al día siguiente de la aparición de la noticia mencionada, es decir, el 25 de junio (véase ‘El País’ del día 26), el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, reconoce que se está "produciendo un incremento mayor en las rentas del capital", aunque explica que “eso no quiere decir que no se haya rebajado la otra parte”. El ‘no’ que aparece subrayado es un error lingüístico de Solbes, pero paradójicamente hace que la frase sea cierta, a veces intentar mentir genera problemas de estas características.
Seguidamente, y sobre el descenso de los salarios reales, Solbes afirma lo siguiente: “Lo que sucede es que han entrado muchos más ciudadanos con niveles de sueldo inferiores y da la sensación de que desciende cuando uno calcula las medias”. Por tanto, convierte un dato estadístico en una sensación, y además da a entender que el descenso medio de los salarios se debe a la entrada de trabajadores con sueldos más bajos. Esto último es cierto pero sólo parcialmente, porque los datos mencionados antes sobre la distribución de la renta a nivel global ponen de manifiesto que, aún habiendo más trabajadores, la parte del pastel total que se llevan los empresarios es mayor. Dicho de manera más clara, los sueldos medios no sólo bajan por la entrada al mercado laboral de colectivos más explotados, sino también por las facilidades que obtienen los empresarios para incrementar el excedente total y obtener beneficios espectaculares.
A continuación, el señor Solbes cambia de tema y afirma que en la próxima legislatura "habrá rebajas seguro" en los impuestos del IRPF y de Sociedades, desviando así la atención del debate sobre los salarios e insistiendo en la reaccionaria política fiscal de continuar disminuyendo los impuestos directos cuando España tiene una presión fiscal más baja que la media comunitaria. Todo esto en un contexto en el que el superávit del Estado alcanza el 1,38% del PIB.
El 26 de junio (ver ‘El País’ del 27), el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sale en defensa del ministro y afirma esto: "La paradoja es que el sueldo real medio baja, pero todos ganan". Su argumento es que los que antes no ganaban nada o ganaban muy poco, ahora ganan poco y hacen bajar la media general, pero todos están mejor que antes. La sensibilidad social de esta argumentación respecto a los que ganan poco es bastante poca (valga la redundacia). Sobre el incremento empresarial del 73%, ningún comentario.
Para redondear el carácter derechista de sus opiniones, Fernández Ordóñez aprovechó la ocasión para declarar que España necesita reformas muy importantes, como una reforma laboral que permita “una mayor flexibilización del mercado de trabajo”, una reforma fiscal con “mayores rebajas en el impuesto sobre la renta y en sociedades” y más privatizaciones, "un proceso que se detuvo en 2000 y se debería retomar en algún momento".
El día después, esto es, el 27 de junio, Solbes vuelve a la carga y defiende que “los salarios reales avancen en función de la productividad”. Acto seguido añade que la moderación salarial es una de las principales contribuciones al “milagro” económico español de los últimos años (obsérvese el carácter religioso de la afirmación).
Mientras todo esto ocurre, la ONU alerta de “una grave crisis inmobiliaria que afectará a buena parte de los españoles”. Concretamente, el relator especial de la ONU que estudia el problema de la vivienda en España, el indio Miloon Kothari, ha denunciado la "especulación urbanística desenfrenada". Además, señala que el elevado porcentaje de ingresos que los españoles destinan a la vivienda puede afectar a otros derechos humanos como el "acceso a la educación, la alimentación o el vestido". También sostiene que la alta tasa de violencia doméstica que se registra en España está "directamente relacionada con el problema de accesibilidad (...) Si las mujeres no tuvieran tan difícil acceder a una nueva vivienda se sentirían más libres para salir de su entorno y eso contribuiría enormemente a mejorar su situación".
Pero no parece que España escuche demasiado los consejos de la ONU en materia de vivienda. Mientras el señor Kothari alerta de los riesgos antedichos, el euribor sube al 4,50%. Preguntado el señor Solbes por este preocupante asunto, afirma que “la subida de los tipos supone el incremento de las cargas pagadas en los préstamos hipotecarios y una merma de la renta disponible", pero añade que “la cantidad conjunta que los ciudadanos reciben en intereses (por depósitos, letras del Tesoro...) supera con creces los intereses abonados (23.705 millones de euros frente a 15.807)”. Lo que no hace Solbes es profundizar en el análisis y explicar quién se beneficia más de los intereses que rinden sus ahorros, y quién resulta más perjudicado por los “intereses abonados”. Esta distinción requeriría un análisis de clase que difícilmente puede realizar uno de los mayores representantes de la derecha económica española.
Como puede observarse, el talante del gobierno español en materia de política económica es claramente de derechas. El descenso de los sueldos permite nuestro milagroso crecimiento y es beneficioso para todo el mundo. El aumento espectacular de los beneficios es motivo de enorme satisfacción. El descenso de los impuestos directos es un objetivo irrenunciable. El superávit público es síntoma de salud económica, mientras que el déficit en protección social no debe preocuparnos. E incluso la subida de los tipos de interés acabará teniendo efectos positivos. España sigue yendo bien para los de siempre.
