Cayo Lara adelanta que IU prepara un plan de medidas económicas para crear más de un millón de empleos “frente a la resignación de Solbes"

El coordinador general de IU detalla que incluirá la exigencia al Gobierno para crear “una garantía de renta básica, con un coste entre 4.000-5.000 millones de euros, para atender a los 800.000 hogares españoles con sus miembros apuntados al paro y que no



La dirección de Izquierda Unida está elaborando un Plan de medidas económicas, centrado en la creación de empleo, con el que dar una respuesta alternativa y progresista a la grave crisis por la que atraviesa nuestra economía y para trasladarlo a la sociedad, pero también al Gobierno, después de que “Solbes se haya convertido en el ministro de la resignación y la desesperanza”, según le calificó hoy Cayo Lara.
El coordinador general de IU esbozó hoy en rueda de prensa las líneas maestras de este Plan, que será detallado en las próximas semanas, y que contará para su elaboración con el respaldo de los responsables de las federaciones de IU, además de las pertinentes consultas a los sindicatos y la aportación de expertos en la materia propios y pertenecientes a distintas asociaciones.
Lara adelantó que estas medidas concretas se basarán en “una reforma e impulso del sector público, en la convergencia social con la UE, en la necesidad de una próxima reforma fiscal progresiva frente a la regresión de las tres anteriores del PP y el PSOE, que beneficiaron a los que tienen mayores ingresos, en el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y en el especial apoyo a los objetivos más dinamizadores de la economía, como los vinculados a la investigación, el I+D y las nuevas tecnologías. El empleo que planteamos se dirige a sectores importantes como el industrial, el de servicios o el de atención a la dependencia, no sólo a la construcción”.
El máximo dirigente de Izquierda Unida, para “arrimar el hombro”, detalló uno de los puntos de aplicación concreta en la economía real, frente a la “inacción y la sucesión de errores en las medidas ejecutadas por los responsables económicos socialistas”, pero también “frente a la sucesión de críticas sin alternativas del PP, salvo la ineficaz de bajar impuestos”. Así, frente a la dramática cifra de 800.000 hogares españoles donde ningún miembro de la unidad familiar percibe salario ni prestación y los 900.000 parados que ya han agotado hasta el subsidio de desempleo, indicó que Izquierda Unida planteará al Ejecutivo que garantice un “mínimo de subsistencia a todas las familias cuyos miembros estén apuntados al paro”.
“Una cosa es que haya 800.000 hogares donde ninguno trabaja –razonó Lara-, y otra cosa es que no haya ningún ingreso. Ante esta situación planteamos una garantía de renta básica, que estará en torno a los 500-525 euros. De lo que se trata es de que no haya ni una familia española donde no haya ningún tipo de ingreso, porque esa es la pobreza más radical y absoluta”.
El coordinador general de IU valoró que el coste de esta medida “se puede mover entre los 4.000 y los 5.000 millones de euros” y que la cifra total irá perfectamente cuantificada en el Plan que se elabora, “aunque, en todo caso, siempre será menor que la que se ha mostrado como inútil devolución ya en vigor de 400 euros en las nóminas de los trabajadores”.
También pidió al Gobierno que amplíe el plazo de presentación de proyectos con cargo al fondo de 8.000 millones de euros para los ayuntamientos, sobre todo en aquellos con menos recursos y que no han tenido tiempo para elaborar sus propuestas de obras de mejoras con las que crear empleo. “Hay que actuar y no vale cruzarse de brazos”, dijo.
Además, Lara cuestionó el nuevo escenario macroeconómico esbozado por el Ejecutivo el pasado viernes. Explicó que el 15,9 por ciento de paro que prevé el vicepresidente económico para finales de 2009 llevaría a alcanzar 3,7 millones de parados y lo contrapuso con las cifras más pesimistas hechas públicas hoy mismo por la Comisión Europea. Éstas lo corrigen e indican que España llegará casi al 19% de desempleados a comienzos de 2010, “lo que nos colocaría en más de cuatro millones de parados. Además, Solbes cifró la caída del PIB en el 1,6%, pero la Comisión acaba de decir que será del 2% al final de 2009”.
Sentenció que “con el dato del descenso de inversiones que ya ha aportado Solbes (9%), del consumo en los hogares (3,2%) y de un déficit público del 5,8% al final de año, España se sitúa en la desesperanza más absoluta”.
Cayo Lara avisó también de que este año harán falta más de 30.000 millones de euros para dar cobertura a todos los desempleados que se contabilizarán a lo largo del año. A su juicio, es “absolutamente incorrecta la cifra de que bastará con 21.000 millones pueda afrontarlo. El ministro se equivocó, y no creo que porque hicieran mal las cuentas, cuando dijo que se resolverían los problemas de las prestaciones a esos 600.000 parados más previstos con un incremento de 2.000 millones de euros del presupuesto actual, que está en unos 19.000 millones”.
“Solbes –resumió- se ha convertido en el ministro de la resignación y la desesperanza. Dice que hay que resignarse a que España tenga 600.000 parados más al final de 2009, y es la desesperanza porque asegura que no hay ningún margen de maniobra".
El coordinador general de IU aseguró que “no vamos a ser nosotros quienes pidamos ahora la dimisión de Solbes, pero José Luis Rodríguez Zapatero debería plantearse si es necesario cambiar de ministro de Economía o, al menos, cambiar de política económica con un ministro que dice esas cosas”.
Frente a esta situación en el Gobierno, insistió en que “el Plan que preparamos tendrá credibilidad y los pies en el suelo. Cada propuesta vendrá avalada por el lugar de dónde sacar los recursos, porque sí existen sitios de donde sacar esos recursos”.
Como en otros puntos, Cayo Lara volvió a poner un ejemplo práctico. Recordó que el PP hizo dos reformas fiscales regresivas y el Estado dejó de ingresar 7.800 millones de euros. El Ejecutivo socialista hizo otra más con un coste para las arcas públicas de 4.000 millones al año. A ello se le suman los 5.600 millones que cuesta el descontar 400 euros anuales en las retenciones de las nóminas y los 1.800 que se dejan de ingresar por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.
“Sumando todas estas partidas –dijo- se demuestra que hay posibilidades y recursos para incorporar a las arcas del Estado más de 20.000 millones de euros para gastar en inversión pública productiva. También hay que luchar contra el fraude fiscal, de donde se pueden sacar recursos muy cuantiosos. No se puede esperar a ver si llegan los marcianos a resolver los problemas que tiene la sociedad”.