Izquierda Unida ha presentado el día 22 de enero la proposición no de ley que su Grupo Parlamentario de IU-ICV ha registrado en el Congreso de los Diputados en la que reclama, entre otras medidas, una reforma del Código Penal para que incorpore tipificar como delito el incumplimiento "flagrante, sistemático y peligroso" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Según el texto de la proposición, la intención es que se aumente de esta manera la acción "coercitiva" sobre las empresas incumplidoras de la norma, las cuales en "demasiadas ocasiones burlan" las sanciones administrativas.
El coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo de IU, Javier Alcázar, encargado de presentar la iniciativa en rueda de prensa, apuntó que, aparte de esta medida, la proposición recoge otras seis, entre ellas que se garantice que la figura del fiscal provincial contra la siniestrabilidad laboral tenga equipos, así como recursos técnicos y humanos "suficientes", con dedicación "exclusiva".
La proposición pide también crear la figura del delegado sindical de Salud Laboral por provincias y sectores, en función del número de trabajadores y de la representación legal de las distintas organizaciones sindicales. Asimismo, pretende obligar a las empresas a declarar los recursos anuales invertidos en la adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en sus centros de trabajo.
Otro de los puntos habla de la pertinencia de impulsar e incrementar las dotaciones de la Inspección de Trabajo en la especialización de actuaciones de prevención de riesgos laborales, garantizando una permanente y sistemática comunicación e información "puntual" del resultado de las actuaciones entre la Inspección Laboral y la Fiscalía.
Propone también limitar "y en su caso impedir legalmente" el acceso a subvenciones públicas y a la participación en contratas públicas para aquellas empresas que incumplan de forma "reiterada" la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Plantea, además, la necesidad de impulsar el desarrollo y puesta en marcha del Proyecto de protocolo marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Interior, para investigación "eficaz y rápida" de los "delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores", así como la ejecución de las sentencias condenatorias, con la "adhesión de CC.OO, UGT, CEOE y el Consejo General de la Abogacía Española".
Javier Alcázar aprovechó la presentación para aportar una serie de datos en poder de IU, según los cuales cada día laborable pierden la vida cinco trabajadores, uno de ellos in itinere. A su juicio, aunque el Gobierno "hace esfuerzos", hay un incumplimiento "sistemático" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que hace necesario actuar "urgentemente".
El dirigente de IU añadió que las medidas recogidas en la proposición favorecen el trabajo que se está "haciendo ya" desde las instituciones. "Es necesario introducir más elementos garantistas para que la ley se cumpla. Parte de los beneficios de las empresas deben destinarse a más calidad y seguridad en el trabajo", subrayó.
Asimismo, denunció que aunque el país está creciendo "por encima de la media" de la Unión Europea, la riqueza creada se está "distribuyendo mal", al tiempo que aseguró que las familias están endeudadas en un "120 por ciento de sus posibilidades" y que el salario medio ha perdido en 2006 un 7,8 por ciento de poder adquisitivo.
Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, acusó al Gobierno de estar "obsesionado" por el superávit y el crecimiento económico, cuando su "prioridad debería ser pagar la deuda social y ecológica del sistema productivo".Además, habló de un modelo de desarrollo "injusto e insostenible" y agregó que el Gobierno tiene que atender "su deuda social y no tanto al superávit".
Recordó que IU ha presentado recientemente una propuesta para el reconocimiento subjetivo a la vivienda, así como otras sobre la eutanasia, el laicismo y la memoria y la posición del Gobierno respecto a la OTAN, y avisó de que estarán pendientes de la aplicación de la ley que limita la subcontratación. También apuntó que su grupo ha presentado una iniciativa parlamentaria sobre los mecanismos disciplinarios de la Guardia Civil y su desmilitarización.
Finalmente, reclamó que entre en vigor "cuanto antes" la Ley de Dependencia, porque hay "CCAA insolidarias, fundamentalmente del PP, que están poniendo obstáculos". Así, adelantó que IU-ICV va a presionar al Gobierno para que aplique esta ley de modo "ambicioso y universal".
Según el texto de la proposición, la intención es que se aumente de esta manera la acción "coercitiva" sobre las empresas incumplidoras de la norma, las cuales en "demasiadas ocasiones burlan" las sanciones administrativas.
El coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo de IU, Javier Alcázar, encargado de presentar la iniciativa en rueda de prensa, apuntó que, aparte de esta medida, la proposición recoge otras seis, entre ellas que se garantice que la figura del fiscal provincial contra la siniestrabilidad laboral tenga equipos, así como recursos técnicos y humanos "suficientes", con dedicación "exclusiva".
La proposición pide también crear la figura del delegado sindical de Salud Laboral por provincias y sectores, en función del número de trabajadores y de la representación legal de las distintas organizaciones sindicales. Asimismo, pretende obligar a las empresas a declarar los recursos anuales invertidos en la adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en sus centros de trabajo.
Otro de los puntos habla de la pertinencia de impulsar e incrementar las dotaciones de la Inspección de Trabajo en la especialización de actuaciones de prevención de riesgos laborales, garantizando una permanente y sistemática comunicación e información "puntual" del resultado de las actuaciones entre la Inspección Laboral y la Fiscalía.
Propone también limitar "y en su caso impedir legalmente" el acceso a subvenciones públicas y a la participación en contratas públicas para aquellas empresas que incumplan de forma "reiterada" la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Plantea, además, la necesidad de impulsar el desarrollo y puesta en marcha del Proyecto de protocolo marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Interior, para investigación "eficaz y rápida" de los "delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores", así como la ejecución de las sentencias condenatorias, con la "adhesión de CC.OO, UGT, CEOE y el Consejo General de la Abogacía Española".
Javier Alcázar aprovechó la presentación para aportar una serie de datos en poder de IU, según los cuales cada día laborable pierden la vida cinco trabajadores, uno de ellos in itinere. A su juicio, aunque el Gobierno "hace esfuerzos", hay un incumplimiento "sistemático" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que hace necesario actuar "urgentemente".
El dirigente de IU añadió que las medidas recogidas en la proposición favorecen el trabajo que se está "haciendo ya" desde las instituciones. "Es necesario introducir más elementos garantistas para que la ley se cumpla. Parte de los beneficios de las empresas deben destinarse a más calidad y seguridad en el trabajo", subrayó.
Asimismo, denunció que aunque el país está creciendo "por encima de la media" de la Unión Europea, la riqueza creada se está "distribuyendo mal", al tiempo que aseguró que las familias están endeudadas en un "120 por ciento de sus posibilidades" y que el salario medio ha perdido en 2006 un 7,8 por ciento de poder adquisitivo.
Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, acusó al Gobierno de estar "obsesionado" por el superávit y el crecimiento económico, cuando su "prioridad debería ser pagar la deuda social y ecológica del sistema productivo".Además, habló de un modelo de desarrollo "injusto e insostenible" y agregó que el Gobierno tiene que atender "su deuda social y no tanto al superávit".
Recordó que IU ha presentado recientemente una propuesta para el reconocimiento subjetivo a la vivienda, así como otras sobre la eutanasia, el laicismo y la memoria y la posición del Gobierno respecto a la OTAN, y avisó de que estarán pendientes de la aplicación de la ley que limita la subcontratación. También apuntó que su grupo ha presentado una iniciativa parlamentaria sobre los mecanismos disciplinarios de la Guardia Civil y su desmilitarización.
Finalmente, reclamó que entre en vigor "cuanto antes" la Ley de Dependencia, porque hay "CCAA insolidarias, fundamentalmente del PP, que están poniendo obstáculos". Así, adelantó que IU-ICV va a presionar al Gobierno para que aplique esta ley de modo "ambicioso y universal".
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