VICENÇ NAVARRO
Hemos vivido durante estos meses una avalancha ideológica a través de los medios de mayor difusión del país para promover el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Esta medida fue exigida al Gobierno español por los mercados financieros y por el establishment de la Unión Europea, dirigido por el Gobierno conservador-liberal presidido por Angela Merkel, quien se encuentra hoy en España para dar su aprobación y beneplácito al Gobierno de Zapatero por haber tomado tal decisión.
El carácter ideológico de esta campaña en España aparece, claramente, en el sesgo de la presentación en tales medios de los argumentos a favor y en contra. Los cinco rotativos de mayor difusión del país han escrito editoriales a favor de tal medida y el 89% de los artículos aparecidos en sus páginas de opinión y sus boletines informativos han sido favorables al retraso obligatorio de la edad de jubilación, mientras que sólo un 11% se mostraron contrarios. Algo semejante ha ocurrido en los canales televisivos tanto públicos como privados de mayor difusión, en los que apenas han aparecido voces críticas. Un ejemplo representativo de este sesgo es el programa sobre las pensiones de 59 segundos, de TVE, en el que, de seis ponentes, sólo uno estaba en contra de tal retraso.
Ahora es seguro que esta propuesta se aprobará uno de estos días por amplia mayoría en las Cortes españolas (con el rechazo de los partidos a la izquierda del partido gobernante). Es interesante contrastar esta casi unanimidad de los establishments políticos y mediáticos españoles en retrasar obligatoriamente la edad de jubilación a los 67 años con el enorme rechazo por parte de la gran mayoría de la población española (de un 65% a un 94 %, según la encuesta que se considere). Esta situación explica el enorme distanciamiento existente en España entre los gobernantes (la clase política y los principales medios) y los gobernados. No es de extrañar que, según las encuestas de opinión pública en la Unión Europea, España sea, junto con Portugal, el país de la UE que valora más negativamente al establishment político y que exprese menor confianza en los medios de comunicación.
Es lógico que la mayoría de la población esté en contra de esta medida porque, por mucho que la endulcen sus defensores, recorta considerablemente las pensiones públicas; una reducción que se justifica con el fin de salvar el sistema público de pensiones, lo cual no es cierto. En realidad, todas las medidas exploradas se han centrado en los recortes de beneficios en lugar de en incrementar los ingresos debido a la resistencia de los establishments políticos y mediáticos españoles a promover una reforma fiscal progresiva que corrija la enorme regresividad existente en el sistema tributario español y en la financiación de la Seguridad Social. Las medidas neoliberales actuales de reducir el déficit del Estado a base de recortar el gasto público, en lugar de aumentar los ingresos al Estado, son otro ejemplo del dominio del pensamiento conservador-neoliberal en aquellos establishments.
La evidencia científica (proveída por autores críticos, marginados en los medios españoles de mayor difusión) muestra el error de tales medidas. El último ejemplo de ello es el informe Beyond Normal: Raising the Retirement Age is the Wrong Approach for Social Security (Retrasar obligatoriamente la edad de jubilación es el enfoque equivocado para salvar la Seguridad Social), del prestigioso Economic Policy Institute de Washington, próximo a los sindicatos estadounidenses. Este informe documenta que el retraso obligatorio de la edad de jubilación, además de dañar el bienestar social de las clases populares, tiene un impacto menor a la hora de garantizar la solvencia del sistema público de pensiones que otras medidas que ni siquiera han sido consideradas por el Gobierno español, tales como incrementar la progresividad del sistema tributario y del sistema de financiación de la Seguridad Social. Ambos sistemas son de los más regresivos existentes en la UE-15. Asimismo, señala el incremento de las desigualdades de renta, con un aumento desmesurado de las rentas del capital (que no cotizan a la Seguridad Social) a costa de las rentas del trabajo (que son las únicas que cotizan) y una polarización de estas últimas, con un ascenso de los salarios altos de una minoría (cuya cotización a la Seguridad Social es menor que en la mayoría de cotizantes) y el estancamiento, e incluso reducción, de los salarios de la mayoría de cotizantes. Esto ha generado el descenso de los ingresos a la Seguridad Social en EEUU, por lo que el informe señala que su corrección eliminaría la necesidad del retraso obligatorio de la edad de jubilación. Una situación semejante ocurre en España.
Una última observación. Los sindicatos CCOO y UGT han hecho lo que tenían que hacer: han defendido en condiciones dificilísimas los intereses de los trabajadores. Debido a su esfuerzo se suavizaron algunas de las propuestas más duras del Gobierno y la reforma mejoró considerablemente. Es injusto que se les acuse de traicionar a la clase trabajadora, pues hicieron lo que pudieron, aunque se les puede reprochar que nunca debieron haber aceptado el retraso obligatorio de la jubilación. Creo que lo hicieron porque asumieron (erróneamente) que no tenían la suficiente capacidad de movilización para parar tal medida. Pero les rogaría que, una vez pactada la reforma, no repitan ahora, como justificación de su aceptación, los mismos argumentos que hicieron aquellos que los propusieron desde el principio. Referirse al cambio demográfico como justificación de la propuesta es convertirse en parte del problema en lugar de ser parte de la solución.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y excatedrático de Economía de la Universidad de Barcelona.
Hemos vivido durante estos meses una avalancha ideológica a través de los medios de mayor difusión del país para promover el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Esta medida fue exigida al Gobierno español por los mercados financieros y por el establishment de la Unión Europea, dirigido por el Gobierno conservador-liberal presidido por Angela Merkel, quien se encuentra hoy en España para dar su aprobación y beneplácito al Gobierno de Zapatero por haber tomado tal decisión.
El carácter ideológico de esta campaña en España aparece, claramente, en el sesgo de la presentación en tales medios de los argumentos a favor y en contra. Los cinco rotativos de mayor difusión del país han escrito editoriales a favor de tal medida y el 89% de los artículos aparecidos en sus páginas de opinión y sus boletines informativos han sido favorables al retraso obligatorio de la edad de jubilación, mientras que sólo un 11% se mostraron contrarios. Algo semejante ha ocurrido en los canales televisivos tanto públicos como privados de mayor difusión, en los que apenas han aparecido voces críticas. Un ejemplo representativo de este sesgo es el programa sobre las pensiones de 59 segundos, de TVE, en el que, de seis ponentes, sólo uno estaba en contra de tal retraso.
Ahora es seguro que esta propuesta se aprobará uno de estos días por amplia mayoría en las Cortes españolas (con el rechazo de los partidos a la izquierda del partido gobernante). Es interesante contrastar esta casi unanimidad de los establishments políticos y mediáticos españoles en retrasar obligatoriamente la edad de jubilación a los 67 años con el enorme rechazo por parte de la gran mayoría de la población española (de un 65% a un 94 %, según la encuesta que se considere). Esta situación explica el enorme distanciamiento existente en España entre los gobernantes (la clase política y los principales medios) y los gobernados. No es de extrañar que, según las encuestas de opinión pública en la Unión Europea, España sea, junto con Portugal, el país de la UE que valora más negativamente al establishment político y que exprese menor confianza en los medios de comunicación.
Es lógico que la mayoría de la población esté en contra de esta medida porque, por mucho que la endulcen sus defensores, recorta considerablemente las pensiones públicas; una reducción que se justifica con el fin de salvar el sistema público de pensiones, lo cual no es cierto. En realidad, todas las medidas exploradas se han centrado en los recortes de beneficios en lugar de en incrementar los ingresos debido a la resistencia de los establishments políticos y mediáticos españoles a promover una reforma fiscal progresiva que corrija la enorme regresividad existente en el sistema tributario español y en la financiación de la Seguridad Social. Las medidas neoliberales actuales de reducir el déficit del Estado a base de recortar el gasto público, en lugar de aumentar los ingresos al Estado, son otro ejemplo del dominio del pensamiento conservador-neoliberal en aquellos establishments.
La evidencia científica (proveída por autores críticos, marginados en los medios españoles de mayor difusión) muestra el error de tales medidas. El último ejemplo de ello es el informe Beyond Normal: Raising the Retirement Age is the Wrong Approach for Social Security (Retrasar obligatoriamente la edad de jubilación es el enfoque equivocado para salvar la Seguridad Social), del prestigioso Economic Policy Institute de Washington, próximo a los sindicatos estadounidenses. Este informe documenta que el retraso obligatorio de la edad de jubilación, además de dañar el bienestar social de las clases populares, tiene un impacto menor a la hora de garantizar la solvencia del sistema público de pensiones que otras medidas que ni siquiera han sido consideradas por el Gobierno español, tales como incrementar la progresividad del sistema tributario y del sistema de financiación de la Seguridad Social. Ambos sistemas son de los más regresivos existentes en la UE-15. Asimismo, señala el incremento de las desigualdades de renta, con un aumento desmesurado de las rentas del capital (que no cotizan a la Seguridad Social) a costa de las rentas del trabajo (que son las únicas que cotizan) y una polarización de estas últimas, con un ascenso de los salarios altos de una minoría (cuya cotización a la Seguridad Social es menor que en la mayoría de cotizantes) y el estancamiento, e incluso reducción, de los salarios de la mayoría de cotizantes. Esto ha generado el descenso de los ingresos a la Seguridad Social en EEUU, por lo que el informe señala que su corrección eliminaría la necesidad del retraso obligatorio de la edad de jubilación. Una situación semejante ocurre en España.
Una última observación. Los sindicatos CCOO y UGT han hecho lo que tenían que hacer: han defendido en condiciones dificilísimas los intereses de los trabajadores. Debido a su esfuerzo se suavizaron algunas de las propuestas más duras del Gobierno y la reforma mejoró considerablemente. Es injusto que se les acuse de traicionar a la clase trabajadora, pues hicieron lo que pudieron, aunque se les puede reprochar que nunca debieron haber aceptado el retraso obligatorio de la jubilación. Creo que lo hicieron porque asumieron (erróneamente) que no tenían la suficiente capacidad de movilización para parar tal medida. Pero les rogaría que, una vez pactada la reforma, no repitan ahora, como justificación de su aceptación, los mismos argumentos que hicieron aquellos que los propusieron desde el principio. Referirse al cambio demográfico como justificación de la propuesta es convertirse en parte del problema en lugar de ser parte de la solución.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y excatedrático de Economía de la Universidad de Barcelona.
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