Llamamiento a la convergencia y a la acción: ¡hay que hacer frente al abuso!
Las mujeres y hombres que firmamos este llamamiento lo hacemos porque creemos que es urgente despertar la conciencia de la opinión pública, es urgente que la ciudadanía pase a la acción. Creemos imprescindible actuar cuanto antes para frenar los abusos que se están cometiendo contra los trabajadores y trabajadoras, contra los que ni siquiera han tenido la oportunidad de serlo como es el caso de millones de mujeres, contra los pensionistas o contra los pequeños y medianos empresarios que también padecen los abusos de la banca y de las grandes empresas.
Firmamos este llamamiento para denunciar las amenazas que se ciernen no solo sobre la economía, sino sobre la democracia (porque cada vez cuenta menos la opinión del pueblo), sobre la justicia (porque los financieros nunca pagan el daño que provocan), sobre el medio ambiente (porque con la excusa de la crisis dejan de aplicarse las pocas normas que lo protegen y se favorece a las industrias que más lo destrozan) y sobre el bienestar de la mayoría de la población (porque se está haciendo que la paguen quienes no tienen culpa de ella y disponen de menos recursos).
Y lo hacemos para promover la convergencia de todos los ciudadanos y ciudadanas, sean miembros o no de organizaciones políticas, sindicales, sociales, no gubernamentales o culturales para poner en marcha una respuesta unitaria que permita enfrentarse con eficacia a la manipulación informativa, a los recortes en los derechos sociales y al daño que todo esto está produciendo al ya de por sí débil Estado de Derecho en el que vivimos.
Las fuerzas políticas que defienden las políticas que se vienen aplicando, los gobiernos que han decidido no enfrentarse a los poderes financieros y numerosas instituciones nacionales e internacionales están haciendo recaer el principal coste de la crisis sobre sus víctimas, sobre la mayoría de la población, sobre las clases trabajadoras, los pensionistas y trabajadores autónomos. Su única receta para salir de la crisis es la reducción de sus ingresos, el recorte de sus derechos sociales y laborales, el sacrificio del Estado del Bienestar y el estrangulamiento de pequeños y medianos empresarios que no disponen de los mismos recursos que las grandes empresas para hacer frente a la crisis. Gracias a su enorme influencia política y mediática extorsionan a los gobiernos elegidos y logran hacer creer a la mayoría de la gente que su versión de la crisis y sus recetas son las únicas posibles para conseguir salir de ella.
Los gobiernos de derechas, y también algunos de base social progresista como el español, están capitulando frente a esos poderes que ahora llaman "los mercados" pero que en realidad son los intereses endogámicos de los propietarios de las grandes empresas y entidades financieras. Han renunciado a ser expresión de la soberanía popular y desmovilizan a la ciudadanía diciéndole que nada se puede hacer frente a ellos.
También queremos denunciar con este llamamiento el engañando de la ciudadanía porque lo cierto es que existen otras formas mucho más realistas de interpretar el origen de la crisis, existen políticas más eficaces para salir de ella, políticas que no provocarían otra más grande en poco tiempo y que no harían pagar sus consecuencias a los que menos tienen. Expertos y expertas de todo el mundo y la propia Asamblea General de las Naciones Unidas demuestran que esas alternativas existen y que serían viables si los gobiernos decidieran ponerlas en marcha.
Lo que está ocurriendo es una inmoralidad flagrante y contraria a los principios más elementales de la democracia y de la justicia social. Pero si se quiere evitar no se puede hacer frente a esta situación con el silencio, con la desunión entre las personas que se sienten comprometidas con la justicia social y con la dignidad de todos los seres humanos. No es posible hacer frente a esta situación sin un consenso amplio, coordinado y sin exclusiones entre quienes se oponen a ella y sufren sus consecuencias.
Por eso hacemos este llamamiento urgente a todas las personas, organizaciones, movimientos y grupos comprometidos con la justicia, la democracia y la transformación social, a todos aquellos y aquellas víctimas de esta situación para que converjan en un espacio unitario de lucha y de denuncia alrededor de un programa inicial de mínimos. Este programa es un comienzo y podrá ser desarrollado en los próximos meses. Proponemos el siguiente.
a) Inmediata elaboración y dotación presupuestaria de un plan de urgencia por la igualdad como base de lucha contra la crisis y basado en la lucha contra la exclusión, el desempleo, la pobreza extrema y la violencia de género. En concreto, inmediata puesta en marcha de normas ya aprobadas y no aplicadas y otras de nueva creación para garantizar la plena integración de las mujeres en el empleo de calidad y en la sociedad, así como la de los hombres en el ámbito del espacio privado: permisos por nacimiento y adopción iguales e intransferibles para ambos progenitores; universalización del derecho a la educación infantil pública y asequible desde los cero años; implantación general de la semana laboral de 35 horas y racionalización de horarios, prestaciones especiales para las familias monoparentales; eliminación de las barreras para el acceso al crédito de las mujeres y supresión de todos los incentivos para la permanencia de las mujeres en el hogar o en la economía sumergida (declaración conjunta en el IRPF, incentivos al tiempo parcial, excedencias no pagadas, prestación por cuidadoras en el entorno familiar, pensión de viudedad vitalicia, etc…).
b) Inmediata puesta en marcha de medidas para evitar que cientos de miles de familias pierdan definitivamente sus viviendas, se queden sin servicios básicos de luz o de agua o sean desahuciadas por las entidades financieras que han provocado la crisis. Revisión de las operaciones abusivas cometidas por la banca en los últimos años e indemnización a los clientes por los daños y pérdidas ocasionados.
c) Puesta en marcha de un plan de financiación urgente y extraordinaria de trabajadoras y trabajadores autónomos y de pequeñas y medianas empresas para garantizarles recursos suficientes que les permitan seguir desarrollando su actividad y vuelvan a crear empleo. Para ello es imprescindible la paralización o derogación de todos los proyectos o medidas adoptadas para entregar las cajas de ahorros al capital bancario privado; nacionalizar aquellos bancos y cajas de ahorros que no cumplan con la función de financiar la actividad productiva así como la creación de una banca pública de nuevo tipo sometida a principios éticos y de servicio público.
d) Anulación de las reformas emprendidas para debilitar el sistema público de pensiones y apertura de una negociación sobre el futuro del sistema que no ponga sobre la mesa los recortes en el gasto sino estrategias para aumentar los ingresos del sistema de la seguridad social mediante la creación de empleo y especialmente del femenino, el incremento de la productividad y, sobre todo, mediante la recuperación del peso que han perdido los salarios en el renta nacional en los últimos quince años.
e) Puesta en marcha de una reforma fiscal basada en la tributación sobre las grandes fortunas y patrimonios, sobre los beneficios de los bancos, de las grandes empresas, y sobre las transacciones financieras especulativas.
f) Adopción de un plan urgente contra la economía sumergida, contra el fraude y la evasión fiscal así como prohibición inmediata de la actividad de los bancos y cajas de ahorros españoles en paraísos fiscales.
g) Renegociación del pago de la deuda pública generada por la crisis bancaria primando los intereses generales del Estado y de la sociedad.
h) Impulso inmediato de los programas de gasto social imprescindibles para lograr que se reactive la economía española equiparándolo en todo el territorio nacional a la media europea en educación, sanidad, pensiones, servicios de dependencia e igualdad. Puesta en marcha de un plan de austeridad orientado a la reducción de gastos superfluos en la administración que no son precisamente, como afirman la derecha y los grandes grupos empresariales, los que merman el autogobierno, la defensa de los trabajadores y trabajadoras o el funcionamiento de las instituciones en las que se basa la democracia moderna.
i) Rechazo claro del gobierno de las actuaciones antidemocráticas de la burocracia europea, de su connivencia con los intereses financieros y de sus continuos ataques contra la soberanía de los estados y de los pueblos. Exigencia de un mayor peso del Parlamento europeo en la toma de decisiones, de un funcionamiento verdaderamente democrático de las instituciones europeas y la supeditación del Banco Central Europeo a los objetivos de creación de empleo y bienestar en Europa.
Pero los buenos argumentos no bastan, hay que poner los medios para difundirlos y para que transformen en actos. Para ello, para crear un nuevo estado de opinión en todo el país y poder pasar a la acción de forma efectiva y coordinada, también hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se agrupe y organice sobre bases unitarias.
Para ello llamamos a la creación inmediata de Mesas de Convergencia Ciudadana en todos los barrios, en todos los pueblos y localidades y en todos los centros de trabajo. Estas mesas tienen tres objetivos. El primero es que los ciudadanos de buena voluntad se sienten a deliberar desde la pluralidad, pacífica y democráticamente, sean o no miembros de partidos, de sindicatos o de cualquier otra organización, que lleguen a acuerdos y consensúen posturas y argumentos erradicando el sectarismo. El segundo objetivo es informar al resto de la ciudadanía sobre la verdadera naturaleza de la crisis, desenmascarar a sus verdaderos culpables y difundir las propuestas alternativas. El tercer objetivo es impulsar acciones conjuntas para exigirle a los poderes públicos locales, autonómicos y estatales soluciones justas y democráticas a la situación creada, soluciones que no estén basadas, como está ocurriendo, en el recorte de derechos y recursos de los débiles, sino en los principios elementales de responsabilidad, de equidad, de igualdad y de respeto a los derechos humanos.
La iniciativa de convergencia unitaria y democrática a la que llamamos no pretende ni debe suplantar las iniciativas de partidos y organizaciones políticas, culturales y sindicales contra el neoliberalismo que ya están en marcha. Todo lo contrario. Quiere potenciarlas y hacerlas más eficaces poniéndolas en común, fomentando la comunicación entre todas ellas, generando un clima para el entendimiento, para la discusión constructiva y para las iniciativas conjuntas.
Para poner todo esto en marcha, para divulgar nuestra invitación a la acción y para organizarla, convocamos a toda la ciudadanía a un encuentro estatal el próximo día 19 de febrero de 2011 a partir de las 11 horas en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO de Madrid sito en la Calle Lope de Vega nº 40 e invitamos a quienes estén de acuerdo con nuestros propósitos y compartan nuestro compromiso, a suscribir este llamamiento en el espacio de la red que figura a continuación, espacio en el que iremos informando sobre el desarrollo de la iniciativa.
http://mesasdeconvergencia.wordpress.com/
mailto:mesasdeconvergencia@gmail.com
Madrid, enero de 2011
Cuaderno de crisis / 25
Albert Recio Andreu
De la huelga al pacto:¿el viaje a ninguna parte?
Escribo esta nota de oídas, sólo con la información que dan los medios y las páginas sindicales. Hay riesgo de error. Sería feliz si el próximo mes tuviera que desdecirme. Pero corriendo ese riesgo ahí van unas reflexiones de urgencia.
Que se den pactos no es malo en sí mismo. Aunque sean defensivos y en ellos se pierdan plumas. Las correlaciones de fuerzas son las que son y a menudo hemos de tragar píldoras amargas. Las elites dominantes y sus voceros de hecho estaban a favor de que el gobierno Zapatero aplicara reformas radicales sin negociar. Con ello se cobrarían dos pájaros de un tiro: profundizar su contrarrevolución social y ahondar el desprestigio social del PSOE. Esta misma será la razón que aducirán los dirigentes sindicales para justificar su postura: que han frenado las reformas más radicales y que han aislado a la derecha. Aunque el acuerdo tuviera estas características queda por ver que ocurrirá en los trámites parlamentarios y cuál será la respuesta de una patronal cada vez más envalentonada por la debilidad del adversario y los presagios electorales.
No está claro, sin embargo, que lo conseguido en la mesa de negociación signifique un cambio substancial frente a la propuesta del gobierno. Los sindicatos habían estado todo el otoño hablando de cuestiones "innegociables" como la retirada de la reforma laboral y el aumento en la edad de jubilación (de la tercera pierna de la reforma, la de la negociación colectiva, no han hablado mucho). Por lo que ahora sabemos de la reforma laboral, lo único que ha cambiado es la eliminación de las pérdidas futuras como causa del despido objetivo y una redacción menos "liberal" del reglamento de empresas de colocación. De la reforma de las pensiones se acaba imponiendo los 67 años (pero se amplía el período de transición al nuevo modelo y se modera el aumento de años de cotización necesarios para alcanzar el derecho a jubilarse a los 65 sin penalización), se amplia el período de cálculo a 25 años y se introducen medidas correctoras para algunos colectivos (becarios, mujeres que aceptan una excedencia para cuidar hijos) a los que se les conceden dos años de rebaja. De la reforma de la negociación colectiva de momento sabemos poco, aunque vuelve a sonar la música de la flexibilidad. Si esto es todo, ni se ha derogado la reforma laboral del pasado verano, ni se ha frenado sustancialmente el recorte de las pensiones futuras (las primeras estimaciones apuntan a una reducción del 20% de las pensiones medias), ni se han cambiado los factores de inequidad del sistema actual. No se contemplan por ejemplo las desigualdades en materia de salud, en trayectoria laboral a que dan lugar los diferentes tipos de empleos y que castigan particularmente a los trabajadores de niveles inferiores de la pirámide laboral. La esperanza de vida y, sobre todo, los años de vida con buena salud son muy diferentes según la experiencia laboral (no sólo en el caso de algunos empleos "penosos"). Tampoco se contemplan otras salidas temporales del mercado laboral que no sean la de crear nueva fuerza de trabajo (por ejemplo, se ignora la cuestión del cuidado a mayores o enfermos, dando por asumido que las cuidadoras de niños deban ser necesariamente mujeres). Simplemente, se han atenuado alguno de los efectos a cambio de legitimar la totalidad.
Dado el grado de debilidad de la clase trabajadora, la fuerza de los poderes financieros y la ideología dominante en las elites gobernantes, lo conseguido es posiblemente el máximo a que se podía llegar. Al menos en una negociación a puerta cerrada, sin movilización social ni un mínimo debate social. No en vano la semana pasada los ínclitos economistas de Fedea, convencidos de la debilidad del enemigo, seguían clamando que era mejor una reforma de verdad que un pacto. Lo que resulta más discutible es si lo conseguido ha valido lo suficiente para equilibrar el coste social que ha generado la forma como los sindicatos han gestionado la operación.
Lo que gana el Gobierno con el pacto es sobre todo hacer aparecer a UGT y CCOO como cofirmantes de una reforma que la mayoría de la población percibe como un verdadero retroceso social. Ya se encargarán los medios de reforzar esta imagen de coautoría sindical en la reforma de las pensiones. Los sindicatos sólo pueden aducir que han rebanado levemente los recortes pero a cambio de romper con su discurso anterior y de dejar a su base social aún más perpleja y desanimada que nunca.
Este es para mi el quid de la cuestión. CCOO y UGT llevaban meses denunciando las reformas del gobierno, organizando movilizaciones (aunque ya en diciembre se vio que faltaba empuje), señalando algunas "líneas rojas" que no se podían traspasar. Esta actitud tenía al menos el valor de crear una cierta conciencia social, una cultura de los derechos sociales. Con pocos resultados a corto plazo pero capaz de generar nuevas actitudes sociales. Para avanzar en esta línea era necesario profundizar en la explicación y perfilar el programa. Explicar insistentemente a la población trabajadora el alcance de las reformas en marcha, sus efectos futuros. Profundizar en las contrapropuestas y reivindicaciones, en desarrollar propuestas reformistas claras. Abrir el espacio de alianzas hacia otros sectores sociales, con objeto de mejorar las propias propuestas y ampliar la densidad social de la respuesta. Encerrarse a negociar con el Gobierno (sin una clara explicación de cuáles son las propuestas que se van a defender, aquello en que no se puede ceder, aquello que es deseable negociar) es la peor forma de avanzar en esta dirección. Para muchas personas, entre las que me incluyo, ha sido difícil entender cómo hemos pasado en pocos días de una llamada a la movilización a una negociación a puerta cerrada de la que sólo se nos permite conocer el resultado final. Uno está tentado a pensar que a los dirigentes sindicales les ha podido más su hábito de profesionales de la negociación que la necesidad de dar respuestas estratégicas a una situación realmente hostil. Puede que en lo primero hayan tenido algún éxito, pero con el grave riesgo de ahondar la apatía, el desánimo y el miedo que hoy atenaza a millones de personas en todo el mundo y sobre el que se consolida la sinrazón neoliberal. No veo cómo van a afrontar con estas fuerzas el huracán que ya empieza a soplar para desmantelar los elementos más protectores de la negociación colectiva.
Negociar sólo de cuestiones sociales, sin entrar en terrenos como la reforma del sistema financiero, o el tratamiento de la crisis hipotecaria, es una muestra más del carácter subsidiario que se da a los representantes sindicales. Sólo se les considera aptos para negociar lo que afecta directamente al mundo laboral, mientras que la gestión económica se deja a los dictados de los expertos y de los empresarios. Peor que las concesiones concretas es que se ha perdido otra oportunidad de realizar pedagogía social, rearme democrático de la población. Y se ha puesto otro peldaño en esa construcción imaginaria que día a día sostiene que "no hay otro mundo posible" y que a las clases subalternas sólo les queda conformarse y, como mucho, pelear por moderar levemente la profundidad de los recortes.
El gran asalto a las cajas
En mi infancia me enseñaron que las Cajas de Ahorros eran una institución distinta a los bancos. En mi ciudad aún estaba vivo el recuerdo de la quiebra del Banco de Barcelona que había arruinado a personas modestas. Las cajas, en cambio, eran vistas como instituciones no especulativas, defensoras del ahorro de los menos ricos, instituciones amigas del entorno (en las escuelas de mi barrio eran habituales los premios en forma de pequeños depósitos: los escolares ahorrábamos sumas modestas mediante la compra de unos sellos pensados para alentar una cultura de la responsabilidad). Esta figura de las cajas como instituciones sociales empezó a quebrar con la liberalización financiera de principios de los ochenta y la transformación de estas instituciones en operadores financieros normales de la mano de una camada de dirigentes formados en las escuelas de negocios. Aunque resulta evidente que se ha ido difuminando su diferencia con los bancos, ésta ha persistido en ciertos aspectos: las condiciones laborales, los retornos a la comunidad (pese a que hay mucho de criticable en las obras sociales de las cajas, sobre todo de exceso de acciones publicitarias, salen bien paradas cuando se las compara con los bancos privados) e incluso la implicación en la financiación del tejido productivo local. (No era impensable que una mayor democratización de sus órganos directivos las hubiera podido convertir en impulsoras a gran escala de la economía social). Por ello, con todos sus aspectos criticables, seguían apareciendo, a ojos neoliberales, como una "peligrosa anomalía económica".
Por tanto, hacía tiempo que las cajas españolas estaban en el punto de mira de los funcionarios del gran capital financiero. Ellas mismas han contribuido a su desmatelamiento con errores propios, especialmente el de subirse al carro de la especulación inmobiliaria a gran escala. Si la gran banca española está saliendo mejor parada de la crisis que las cajas no es tanto por su "eficiencia" como porque su internacionalización previa (explotando chollos financieros como el de las pensiones privadas latinoamericanas) les ha permitido compensar los problemas locales. La crisis actual esta siendo, para los intereses dominantes, como el cerdo: todo resulta aprovechable. Y tras el mercado laboral y las pensiones ahora toca que las cajas sean "reformadas" (seguramente con el caluroso apoyo de algunos de sus directivos formados en cualquier "Business School" local o yanki y esperanzados con que con la transformación podrán obtener los generosos "bonus" que reciben las cúpulas bancarias). La secuencia del proceso constituye en sí misma una maniobra clásica de golpe de estado: primero se dice que deberán alcanzar un determinado grado de solidez financiera, después se anuncia que ésta deberá ser superior a la de los bancos (ya se sabe: la economía social es menos fiable y hay que asegurarse) y finalmente se afirma que las entidades que no alcancen dicha solidez serán "nacionalizadas" (o sea que pasarán por un programa de saneamiento financiado por la colectividad) como paso previo a su venta total o parcial a inversores privados. También pueden acortar el camino y optar de entrada por la venta al capital privado (es lo que ya ha anunciado la Caixa, una de las instituciones más sólidas). Vistas en perspectiva, las tormentas financieras recientes que asolaron al país parecen ser el mismo tipo de maniobras de amedrentamiento que realizan los "señores de la guerra" o las mafias cuando quieren conseguir que alguien les ceda un activo o les "solicite" protección.
Si la rendición final se produce —en estos tiempos casi todo lo indeseable acaba por ser inevitable— estaremos expuestos a nuevos problemas. De una parte, toda la experiencia anterior de liberalizacion financiera y de privatización en lugar de redundar en la pretendida competencia creativa se ha traducido en un mero proceso de oligopolización económica. Esto ha ocurrido claramente en el sector bancario, donde hemos acabado, como en la liga de fútbol, con sólo dos grandes grupos. Y también ha pasado en el resto de sectores privatizados. No hay ninguna razón para que esto no vuelva a ocurrir con las antiguas cajas. Quizás lo único que ganaremos es que a todo el mundo le queden más claros quiénes son los "amos" del país. La otra posibilidad es que, al menos en un plazo inmediato, la privatización sea una puerta de entrada de los fondos financieros, siempre ávidos de entrar en aventuras cortoplacistas. Y sus efectos especulativos se pueden dejar sentir en muchos campos: nuevas operaciones especulativas en el campo financiero, tratamiento más duro de la clientela e incluso impactos negativos en las redes de empresas locales que aún dependen de las cajas. Teóricamente las cajas preservaran su obra social mediante el cobro de dividendos de sus bancos participados, pero la pérdida de control de la gestión directa refuerza la posibilidad de que estos ingresos disminuyan por cambios en las políticas de gestión (retribuciones a los altos directivos y a los inversores privados, desvíos de fondos mediante operaciones financieras "ad hoc", etc.)
Aunque el final parece inevitable hay que seguir insistiendo en que la participación pública en las entidades debería ser el embrión de una nueva banca pública y no una mera etapa hacia la privatización. Y deberíamos plantear directamente la cuestión a "nuestros" teóricos representantes en los consejos de las cajas (representantes de sindicatos, impositores, corporaciones locales) para que reviertan el proceso. Porque el triunfo de los mercados es en gran parte el producto de la dejación de responsabilidades de los presuntos representantes de los intereses colectivos.
Garzón como síntoma
Juan-Ramón Capella
Los discutibles procesos judiciales penales en que se ha visto envuelto el juez Baltasar Garzón obligan a preguntarse: ¿por qué? ¿Qué ocurre con la Justicia en España? ¿Cuáles son los pecados de Garzón, que han suscitado esos procedimientos penales ante —o del— Tribunal Supremo? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? ¿De qué es síntoma Garzón?
Si uno hace memoria, creo que Garzón tiene en su haber algunos pecados que explicarían lo que hay en el fondo de esos procesos.
Un primer pecado grave es que Garzón sometió a persecución a los GAL, esto es, al terrorismo de estado de la época de gobierno de Felipe González: como consecuencia, un ministro y un viceministro acabaron en la cárcel mientras sus amigos, el presidente y altos cargos, se rasgaban las vestiduras. Margarita Robles, hoy en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo, es el largo brazo del Psoe de Felipe González y Garzón la ha recusado. Para los jóvenes hay que recordar que, además de los cargos mencionados, en la época ejemplar de Felipe González acabaron en la cárcel el Director General de la Guardia Civil, el Gobernador del Banco de España y la Directora del Boletín Oficial del Estado, por mencionar unos pocos carguillos. Otros dimitieron para evitar el banquillo.
Un segundo pecado de Garzón es que ha destapado la trama Gürtel. De modo que se ha ganado la animadversión del otro partido, del PP. Algunos juristas garantistas que se la pillan con papel de fumar ven pecado en que Garzón interviniera la comunicación de los procesados con abogados presuntamente encargados no solamente de la defensa sino también de operar con los fondos de esa trama en paraísos fiscales. De modo que para estos juristas la intervención de la comunicación de los principales encausados con sus segundos vulneró los derechos de defensa... que el propio juez había tomado la precaución de proteger en sus autos. La cuestión es opinable jurídicamente: lo que para unos son garantías para otros es impunidad. Aunque también se intervienen legalmente las conversaciones de terroristas con sus abogados sin que nadie ponga el grito en el cielo. Si la ley no está clara, el asunto es de interpretación, y resulta más que feo que para el hecho hermenéutico del juez Garzón el garantismo se desvanezca. Lo que nos tememos los observadores del asunto es que a la trama Gürtel y a sus complacientes políticos afines la vara de la ley jamás llegue a alcanzarles gracias... a los votos y a la magistratura. Los españolitos estamos acostumbrados a que la Administración de Justicia llegue casi siempre tarde cuando se trata de perseguir a las gentes con poder. Todo prescribe: las dobles contabilidades de los bancos, los cohechos, los fraudes a la Hacienda Pública...
Ah, un tercer pecado de Garzón es la vanidad. Es un juez estrella. La estrella más brillante. El observador no cree que eso sea independiente de su voluntad. Y comprende que a otros honorables magistrados tanta estrella les jorobe en lo más íntimo de su ser. ¿Habría que alguacilarle? La vanidad no es delito; la prevaricación, sí.
Pero el cuarto pecado de Garzón es el peor de todos: haber pretendido aplicar la ley universal sobre los delitos de genocidio a los criminales de la guerra civil española. Esto sí que no se puede tolerar: que se investiguen los crímenes del franquismo, los asesinatos masivos, los robos, las venganzas. No vaya a ser que los hijos de los autores de esos crímenes vean descubiertas las vergüenzas de sus padres, que han estado viviendo impunes entre nosotros, compartiendo las autopistas, los autobuses, la vida cotidiana; no vaya a ser que las falsificaciones de los registros (de la propiedad, o el mismísimo registro civil) les obliguen a devolver lo obtenido; que además los delitos comunes queden al descubierto.
La aceptación por el sistema constitucional de las leyes internacionales sobre el genocidio ha de quedar en papel mojado. Y Garzón quiso lanzarse sobre los molinos de viento sin advertir que eran gigantes: que el franquismo no ha sido nunca derrotado. Sin percibir que incluso la modesta ley de amnistía española se ha aplicado como una ley de prescripción, sin investigar siquiera si los asesinatos del bando franquista tenían motivaciones políticas, como es el supuesto de esa ley, o simplemente, caso por caso, si había además o sobre todo odios y venganzas, medios para usurpar hijos o bienes, toda la porquería social que puede producir este jodido país —por emplear la certera calificación del padre de Federico García Lorca, cuyo asesinato, por supuesto, jamás ha investigado eso que en España llamamos la Justicia—.
Las víctimas de los nazis han obtenido reconocimiento y reparaciones. También las víctimas de los generales genocidas argentinos. Incluso los polacos asesinados por orden de Stalin. Pero el genocidio español ha de pasar como el genocidio armenio: al olvido.
El acoso jurisdiccional al juez Garzón es el acoso fomentado por la ley del olvido, una norma de la constitución tácita del actual sistema político español. Pero esta vez puede ser una vergüenza para la Justicia local: las instituciones europeas de Justicia no tienen por qué enjuiciar el pecado de la vanidad, ni proteger a trama alguna, ni vengar a los GAL, ni ser complacientes con el genocidio.
Aún se puede esperar que el tiro salga finalmente por la culata.
América Latina: los retos del "Buen vivir"
Gerardo Pisarello
La apertura de nuevos procesos constituyentes en países como Venezuela, Bolivia o Ecuador ha sido un acontecimiento importante no sólo para América Latina sino para el resto del mundo. Dichos procesos permitieron la irrupción en escena de un amplio abanico de movimientos sociales y populares marginados durante lo que Mariátegui llamaba las "repúblicas falseadas". Pero también lanzaron al mundo el mensaje de que era posible plantear desde las instituciones alternativas al pensamiento único neoliberal.
La constitución venezolana de 1999, la ecuatoriana de 2008 y la boliviana de 2009 son en parte la cristalización de dicho proceso y definen una hoja de ruta novedosa para las sociedades donde se aprobaron. En razón de su origen popular, todas vienen animadas por un impulso regeneracionista, dirigido a romper con los regímenes elitistas, excluyentes, del pasado. Este impulso se traduce en la importancia dada a ciertos mecanismos correctivos de democracia representativa, como la revocatoria de mandatos, así como a nuevas formas de democracia participativa y comunitaria, no sólo en las instituciones sino fuera de ellas. Desde el punto de vista económico, los nuevos textos se sitúan además en unas coordenadas claramente pos-neoliberales, es decir, consagran una serie de principios y reglas dirigidos a frenar y revertir el indirizzo privatizador dominante en los años 90'. Este programa pos-neoliberal se expresa en cuestiones como la recuperación del control público de ciertos recursos económicos estratégicos, como el petróleo o el gas, o en la consideración de los derechos sociales como derechos fundamentales al mismo nivel que el resto de derechos constitucionales. Desde el punto de vista de la política exterior, el nuevo constitucionalismo viene marcado por una inequívoca vocación latinoamericanista y anti-imperialista, concebida en buena medida como reacción a la histórica injerencia ejercida en la zona por los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales. Esta vocación no sólo se expresa en la caracterización de los respectivos territorios nacionales como territorios libres de bases extranjeras. También se refleja en el rechazo de los mecanismos de integración basados en la primacía del libre mercado y de la libre competencia y en la apuesta por nuevas formas de integración latinoamericana fundadas en principios de complementariedad, cooperación y comercio justo.
Naturalmente, cada uno de estos textos tiene sus propios énfasis, que reflejan la historia de los diversos procesos constituyentes y la composición social interna de cada país. La constitución boliviana y la ecuatoriana, por ejemplo, están especialmente marcadas por el peso decisivo de los movimientos indígenas y campesinos en los procesos políticos más recientes. De ahí el papel central concedido a principios como los de plurinacionalidad e interculturalidad. El propósito de estos principios constitucionales es revertir la pesada herencia del racismo y del colonialismo, así como otorgar un reconocimiento adecuado a demandas de diversidad nacional y cultural largamente postergadas.
En todo caso, la plurinacionalidad no sólo se proyecta sobre el ámbito cultural, sino que atraviesa la estructura del Estado, la configuración de los derechos y la propia constitución económica. Esta vis expansiva se expresa de manera clara en el concepto de "buen vivir", traducción de la expresión kichwa "sumak kawsay", de la aymara "suma qmaña" y de la guaraní "ñandareko". El buen vivir, recogido en 99 artículos de la constitución ecuatoriana de 2008, aparece, por un lado, vinculado al ejercicio integral y sin jerarquías internas de todos los derechos humanos, en un marco de respeto a la diversidad cultural y nacional y de armonía con la naturaleza. Por otro lado, el buen vivir constituye un régimen económico, político, socio-cultural y ambiental que plantea formas alternativas de desarrollo e incluso alternativas al desarrollo y al crecimiento tradicionales.
Los derechos del buen vivir y su vinculación a una forma de organización social concreta responden a prácticas materialmente constitucionales ancestrales, vinculadas a la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas. En dicha cosmovisión, el desarrollo no aparece como la consecuencia de un proceso lineal, evolutivo, que deba ser alcanzado forzando la destrucción de las relaciones sociales y de la naturaleza. Por el contrario, tiene que ver la promoción de formas de producción y de consumo comunitarias, que aseguren una relación respetuosa con la naturaleza, que preserven la biodiversidad y que garanticen a todos derechos básicos como el derecho al agua o a la soberanía alimentaria.
Así concebido, el buen vivir no sólo supone una relectura de los derechos humanos tradicionales. También implica una reconsideración de los fundamentos exclusivamente antropocéntricos sobre los que ha reposado la teoría moderna de los derechos en beneficio de una visión más biocéntrica y si se quiere holística. Esto explica que la constitución ecuatoriana sea la primera en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos y en hacer del respeto a los derechos de la naturaleza una precondición para la garantía del derecho a la existencia de las personas y los pueblos.
En realidad, aunque la noción de buen vivir recogida en la constitución de Montecristi está estrechamente ligada a los saberes y prácticas indígenas, también puede encontrar sustento, como ha recordado el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, en otras tradiciones filosóficas y políticas: aristotélicas, marxistas, libertarias, feministas, ecologistas, gandhianas. Todas estas tradiciones parten de la constatación de que el actual modelo de crecimiento capitalista resulta insostenible e injusto en términos sociales y ambientales, además de inviable desde un punto de vista energético. Igualmente, señalan la inviabilidad de todo intento de superar esta incompatibilidad apelando a formas de "desarrollo sustentable" o de "capitalismo verde" que no alteren sustancialmente los procesos de revalorización del capital.
Estos presupuestos culturales, políticos y productivos, naturalmente, convierten al buen vivir en una noción exigente, en franca tensión con algunas lecturas desarrollistas y productivistas que han pretendido hacerse de las nuevas constituciones. En los últimos años, en efecto, muchas economías latinoamericanas, incluidas las de Venezuela, Bolivia o Ecuador, han experimentado un cierto crecimiento del PIB producto del elevado precio en los mercados internacionales de recursos como el petróleo, el gas o la soja. Esta coyuntura, sumada a la recuperación de un cierto control público sobre dichos recursos, ha permitido a los nuevos gobiernos críticos con las políticas neoliberales financiar, por ejemplo, políticas de asistencia social dirigidas a sectores significativos de la población y a liberarse de la dependencia unilateral de los mercados estadounidenses y europeos. El fenómeno ha tenido, empero, consecuencias contradictorias. Ha contribuido a que los índices de pobreza disminuyan, al menos en algunos estratos de la población. Pero también ha consolidado la cultura rentista, generando una inercia contraria a la erradicación de algunas desigualdades estructurales y a la realización de cambios de fondo en el modelo productivo o en el sistema impositivo. Pero lo que es peor, ha alentado prácticas extractivistas —en materia petrolera, pero también en otros ámbitos como la minería a cielo abierto— con un grave impacto ambiental y social, sobre todo para las poblaciones que habitan en los territorios donde se encuentran dichos recursos.
Esta inercia desarrollista, desde luego, no sólo amenaza con desvirtuar los principios económicos ligados al buen vivir. También está afectando los presupuestos participativos sobre los que los nuevos marcos constitucionales se sostienen. En efecto, si la huida hacia adelante productivista se ha visto favorecida por la pugnaz oposición a cualquier reforma por parte de las oligarquías económicas y de las antiguas élites, también ha ido abriendo brechas importantes entre los nuevos gobiernos y una parte de sus bases sociales. En el caso de Ecuador, y en menor medida, de Bolivia, estas tensiones y distanciamientos son notorios sobre todo dentro de los movimientos indígenas y campesinos, que son los afectados más inmediatos por las políticas desarrollistas y extractivistas en curso. La calculada ambigüedad de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ante el levantamiento policial contra el presidente Rafael Correa es una prueba de ello.
Esta aparición de un doble frente crítico proveniente de la derecha y de una parte de los movimientos sociales ha colocado a los gobiernos progresistas de la región ante una coyuntura complicada. A veces, han dado muestras de querer profundizar los procesos en marcha en un sentido democrático. En otras ocasiones, en cambio, lo que se ha impuesto ha sido la respuesta defensiva, en la que las justificadas críticas a la oposición conservadora y oligárquica, se ha mezclado con la descalificación arbitraria de todos aquellos sectores que cuestionan el rumbo adoptado desde posiciones social y ecológicamente más avanzadas. A diferencia de la primera reacción, este tipo de dinámica ha tendido a debilitar la apuesta por la democracia participativa recogida en las nuevas constituciones, favoreciendo el personalismo, la concentración de poder en manos del ejecutivo y algunos intentos injustificados de restricción de la libertad de crítica. Las recientes propuestas de reforma constitucional y de consultas populares impulsadas por Rafael Correa en materias judiciales o de prensa deberían leerse en este contexto.
A pesar de estas dificultades reales, no parece que el ciclo constituyente democrático abierto en la última década se haya cerrado. Por el contrario, todavía es posible atisbar algunas iniciativas social y ecológicamente incisivas al interior de estos procesos. En Ecuador, por ejemplo, diferentes organizaciones sociales, indígenas y ambientales han empujado al gobierno a asumir la iniciativa Yasuní-ITT, en virtud de la cual el gobierno ecuatoriano acepta no explotar las reservas petrolíferas situadas en el Parque Nacional Yasuní. A cambio de ello, la "comunidad internacional" se compromete a compensarlo económicamente a través de aportaciones a un fideicomiso gestionado por Naciones Unidas. Recientemente, también, un grupo de activistas entre los que se encontraban Vandana Shiva y el propio Alberto Acosta, presentaron ante la Corte constitucional ecuatoriana una demanda contra la actuación de la British Petroleum en el Golfo de México. En su escrito, invocaron precisamente los derechos de la naturaleza y la jurisdicción universal reconocidos en la constitución de Montecristi. Ambas iniciativas pueden, evidentemente, ser desvirtuadas de múltiples formas. Sin embargo, han generado interesantes procesos de movilización y discusión social y señalan, en todo caso, un camino que habrá que reemprender en el futuro.
La tensión entre desarrollismo y buen vivir no es sencilla de resolver. Exige combinar crecimiento y decrecimiento en diferentes esferas productivas y reproductivas y redefinir en términos de no explotación las relaciones entre zonas urbanas y rurales. Pero sobre todo, requiere contar con fuerzas políticas, sociales y sindicales capaces de liderar la transición hacia modelos energéticos sostenibles, justos y combatibles con la preservación de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria. Esto es un desafío para el Sur, pero también es un problema para el Norte, aunque el actual contexto recesivo y la apelación acrítica a la "recuperación del crecimiento" tiendan a ocultarlo. Como bien apunta Boaventura Sousa Santos, la puesta en marcha de formas de producir y de consumir sostenibles y no capitalistas es urgente, pero exige un cambio civilizatorio profundo, que sólo puede pensarse a mediano o largo plazo. La noción de buen vivir, con todas sus implicaciones filosóficas, económicas y jurídicas, podría ser un puente útil entre lo urgente y lo importante. Para ello, habría que preservarla de las posiciones simplistas que propugnan una imposible vuelta atrás en el reloj de la historia. Pero sobre todo, de las ilusiones neoproductivistas dispuestas a limarle su arista crítica y a convertirla en una consigna a medida de los informes de buenas prácticas tan caros al Banco Mundial.
Desde mi barrio, 4
Albert Recio Andreu
Contaminación invisible
Las grandes ciudades españolas, especialmente Madrid y Barcelona, siguen presentando niveles de contaminación que superan ampliamente los límites máximos acordados por la Unión Europea. Y ello repercute en la salud de sus habitantes en forma de enfermedades diversas (respiratorias, cardiovasculares) asociadas a la misma. Hay también pocas dudas de que el factor determinante de estos niveles de contaminación es el tráfico rodado. Responsable asimismo de la contaminación acústica generadora de otros problemas parecidos. Resulta por tanto evidente que reducir la contaminación y mejorar la salud pasa por una reducción del tráfico y la consiguiente promoción del transporte público, la bicicleta y la locomoción a pie (tan agradable y sana). De la misma forma que reducir la contaminación en los locales públicos ha exigido imponer normas de restricción del consumo de tabaco en los mismos.
Lo que parece lógico no acaba por resultar evidente. La cultura del automóvil ha arraigado de tal manera que constituye una parte sustancial de la cultura hegemónica del capital. El automóvil privado se ha naturalizado como medio de transporte y ha generado el efecto de hacer invisible a buena parte de la población los enormes costes sociales que genera en forma de accidentes, contaminación, ocupación del espacio público, costos de gestión pública etc. Una hegemonía que está especialmente arraigada entre los hombres de clases medias-altas, que constituyen el grupo de adictos más compacto. Y es que el automóvil no constituye sólo un medio de transporte, es también una forma de consumo posicional, de privatización del espacio público, de afirmación personal. Casi ningún infractor grave reconoce su culpabilidad y responsabilidad por el hecho de circular con exceso de velocidad. La cultura del todo en coche forma parte del modelo de consumismo individualista que tan funcional resulta a sectores clave del capitalismo oligopolístico actual (empezando por los constructores de autos y siguiendo por los promotores de centros comerciales, urbanizaciones, infraestructuras viarias...). Agentes de la desertización urbana y el aislamiento social.
Prueba de esta invisibilidad de los costes sociales y de la aceptación social del modelo es el papel que el tema ha jugado en la pasada campaña electoral catalana. Una de las propuestas "estrella" de CiU ha sido nada menos que la de eliminar el límite de 80 km por hora en los accesos a Barcelona —a pesar que hay evidencia que ha contribuido a reducir la contaminación y los accidentes— coherentemente a su oposición frontal al tranvía que ayudó a provocar una de las mayores derrotas políticas del ayuntamiento socialista. La libertad indiscutible del coche sigue dando réditos electorales y el conductor insensato sigue teniendo más predicamento social que el ecologista sensible.
Si bien la derecha ha sido la gran defensora del modelo, algunos sectores de izquierda, especialmente los de cultura obrerista, no han hecho mucho por cambiar esta percepción. El papel de la industria del automóvil en la configuración de la clase obrera local tiene mucho que ver en ello. El temor a que las restricciones al coche se acaben traduciendo en destrucción de empleo juega un papel determinante. Y ello a pesar de que en los últimos años estamos asistiendo a un goteo persistente de cierres de empresas del sector (esta misma semana Yamaha, por medio de un Conseller de la Generalitat en funciones de mamporrero, anuncia su deslocalización a Francia y la pérdida de 400 puestos de trabajo), y de que éstas constituyen la punta de lanza de la demolición de derechos laborales y parasitan un gasto público que podría utilizarse para promover otro tipo de actividades. El imaginario de la clase obrera fordista constituye un paradójico aliado del conductor irrestricto.
No podemos seguir así por más tiempo. Hay que convertir la contaminación en un problema de primer orden. Y propiciar un cambio en el modelo de movilidad y uso del espacio. Pero esta acción cultural que ya realizan grupos ecologistas y asociaciones ciudadanas requiere también de propuestas de política económica orientadas a romper la alianza implícita que ha mantenido el lobby del automóvil con un sector importante de la clase obrera industrial. Romperlo exige desarrollar propuestas que muestren que es posible vivir y trabajar de otra forma.
Cajón desastre
El Lobo Feroz
Después de inaugurar la Sagrada Familia en el aniversario de la Revolución de Octubre, Ratzinger proclamará santo a Wojtyla el Primero de Mayo.
Por cierto: si Wojtyla declaró que el Infierno no es un lugar, ahora Ratzinger dice que el Purgatorio es un estado interior. Como diría Goethe, "Si nos quitan las metáforas, ¿qué nos queda?".
Para las indulgencias, esto es, para salir de ese estado interior, ir a: http://www.devocionesypromesas.com.ar/las_indulgencias.htm
Ahí se puede comprobar que la Iglesia administra muy cuidadosamente los tiempos divinos y no sólo los humanos.
***
Sin indulgencia ha entrado en vigor la ley antifumadores, la ley del Psoe que estimula la delación. ¡Con lo fácil que hubiera sido una regulación de espacios rigurosa como la que tienen los mexicanos desde hace décadas! ¡Ah! Los paquetes de tabaco podrían valer unos 40 céntimos de euro: todo lo demás son impuestos, que pagan los fumadores sin que se sepa qué servicio obtienene por ello. Los impuestos del tabaco son como los antiguos impuestos sobre la sal. En realidad, paradójicamente, la ley es una cortina de humo: se habla y habla, y nadie protesta por el aire contaminado de veras por partículas tóxicas. Que es muy igualitario y no discrimina.
***
Ahora resulta que la señora Tura, la que ponía de rodillas y esposados a los detenidos "antisistema" cuando era consejera de Interior de la Generalitat catalana, quiere ser alcaldesa de Barcelona, tururú, alcaldesa, tururú.
El nuevo consejero de Interior de la misma Generalitat quita las cámaras colocadas por su antecesor en los centros de detención. También deroga el Código Ético de la policía autonómica. ¿Una concesión a los maderos catalanes? ¿Qué podemos pensar? ¿Ahora leña?
Por cierto: Jordi Pujol se ha vuelto independentista. Estaba en sus genes. Pero el españolísimo Fondo de Garantía de Depósitos le vino muy bien cuando llevó a la quiebra a Banca Catalana. De haberle faltado, en vez de votantes hubiera tenido manifestaciones de cuentacorrentistas gritando: ¡Volem cobrar!
El último comunicado de ETA no descarta la continuidad de la acción armada. No tienen radar; aún van con péndulo, varita de avellano, y pistola.
***
Mariano Cero Principios Rajoy va dejando caer que proyecta cambiar la ley del aborto, que las centrales nucleares durarán más y que derogará la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Recortes sociales, los que haga falta.
Del antiguo Tesorero del PP, Bárcenas, el que tenía toda la confianza de Cero Principios, ya ni se sabe donde para. Y con el tiempo todo (lo de ellos) prescribe.
Ferrovial aparece en bastantes noticias de comisiones y pagos indebidos a organizaciones políticas, y como si nada. No se mata a la gallina de los huevos de oro.
Y, hablando de esto último, Artur Mas, en su papel de President, ha pretendido que no se procese a la gente de su partido liada en el escándalo del Palau de la Música. Cree, con tradición y fundamento, que el cohecho se resuelve por vía electoral. Por cierto, ¿estuvo Mas en la boda de la hija de Millet? ¡Queremos las fotos!
Parece que Fabra se está levantando a sí mismo una inmensa estatua en Castellón. (Por cierto, en la hermosísima Catedral de Mallorca, junto al decorado de Barceló, el honorable Jaume Matas es mencionado en un cartel). Pero eso no es anormal: en Barcelona hay un monumento a un negrero y otro a quien financió los bombardeos de la ciudad durante la guerra civil, todo en la misma calle.
***
Revolución democrática aún indecisa en Túnez a la hora de escribir estas líneas. Han echado a un dictador, pero el poder político no es aún democrático. Un cambio laico (se trata de una sociedad políticamente laica) y democrático en Túnez sería una bonísima noticia en este mundo de desastres.
Otra buena noticia es que el gobierno vasco va a hacer algo para que el derecho constitucional a la vivienda no sea del todo papel mojado.
***
Nos llaman catastrofistas, pero somos catastrofóbicos. Con lo de jóvenes antisistema aciertan a medias: no todos somos jóvenes.
enero 2011
Informaciones
Carta de Derechos de Ciudanía
Decenas de entidades madrileñas han redactado una Carta de Derechos de Ciudanía. La encontrarás en:
http://www.trasversales.net/cdcmadrid.pdf
Para sumarse: forosocialmadrid@yahoo.es
La biblioteca de Babel
Democratitzant la ciutat
Carme Molinero i Pere Ysàs (coords.)
Construint la ciutat democràtica. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició
Icària, Barcelona, 2010.
Elisenda Alamany, Marc Serrà i Gemma Ubasart (eds.)
Construint municipi des dels moviments socials. Candidatures alternatives i populars i barris en lluita
Icària, Barcelona, 2010.
Moviments socials com el veïnal han estat i continuen sent un dels factors primordials per la democratització de les nostres societats. Darrerament han aparegut dos llibres col·lectius que ens donen una excel·lent oportunitat per a reflexionar sobre aquesta tasca avui imprescindible com mai.
El primer llibre que presentem és el resultat d'una recerca col·lectiva duta a terme pel Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) de la UAB i dirigida pels reconeguts historiadors Carme Molinero i Pere Ysàs. Miquel Caminal expressa en la seva presentació que cal considerar aquest volum com "una eina indispensable per a l'aprofundiment i estudi de la contribució del moviment veïnal a la fi de la dictadura i a la construcció democràtica de la ciutat". Consta, a més de la Introducció escrita pels directors del projecte, de quatre llargs i documentats textos, dividits en tres parts. La primera tracta sobre el naixement i els primers anys de la trajectòria del moviment veïnal i inclou un text d'Ivan Bordetas ("De la supervivència a la resistència: la gestació del moviment veïnal a la Catalunya franquista") i un text de Xavi Domènech ("La reconstrucció de la raó democràtica. Del suburbi a la ciutat."). La segona part es dedica als 'anys gloriosos' del moviment veïnal i està integrada per un text escrit conjuntament per Ivan Bordetas i Anna Sánchez, "El moviment veïnal en (la) transició, 1974-1979". Tanca el llibre un text de Ricard Martínez titulat "Construir futurs. La dimensió anticapitalista del moviment veïnal" que conforma la tercera part.
Avui, la democratització en l'àmbit local presenta nous reptes. En els darrers anys, les anomenades candidatures alternatives i populars a Catalunya han assumit el repte, gens fàcil, d'actuar com espai de connexió entre la política institucional local i la dinàmica políticosocial desenvolupada en el si dels moviments socials. El segon llibre que presentem és el fruit d'unes jornades de debat organitzades a Castellar del Vallès el 25 d'abril de 2009 per a reflexionar sobre aquestes experiències que pretenen fer realitat les paraules tantes vegades repetides de "fer política d'una altra manera". També està dividit en tres parts. La primera està dedicada a informar sobre algunes d'aquestes diferents apostes municipalistes del moviments socials catalans, sovint força desconegudes. En la segona part, amb textos de més volada teòrica, es tracten d'aportar raons per a justificar l'estratègia dual –social i institucional– que impulsa el municipalisme alternatiu. Aquests textos, com a mínim, posen sobre la taula elements per la discussió argumentada d'aquestes estratègies. La tercera part, per últim, es centra en analitzar dos aspectes més concrets d'aquestes experiències: la qüestió territorial i ambiental i les polítiques socials.
[Xavier Pedrol]
Foro de webs
Dos experiencias de participación comunitaria en el ámbito de la exclusión
A través de la mediación de nuestra colaboradora Txus Lence, nos llega información de (y una invitación a participar en) dos experiencias que, además del interés objetivo de la actividad social que despliegan, constituyen un ejemplo de participación horizontal en la toma de decisiones y de funcionamiento autogestionado:
RED 2002
http://www.red2002.org.es
La Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español (RED2002) es una red de trabajo, solidaria y participativa, integrada por personas con VIH, profesionales de organizaciones civiles o instituciones y personas implicadas en el tema. Junt@s colaboramos comunitariamente para aportar nuestra experiencia en la respuesta a la pandemia del VIH en nuestro país y en el mundo. La comunicación de RED2002 es principalmente a través de correo electrónico. ¡TÚ TAMBIÉN puedes ser parte de la RED! Sólo tienes que escribirnos a contact@red2002.org.es y te daremos de alta en la lista de distribución. Para darte de baja puedes dirigirte a esta misma dirección electrónica.
Grupo de movilización de drogas. MDM Vigo
Somos un grupo de personas vinculadas a Médicos del Mundo que valoramos la necesidad de complementar los programas de intervención directa con el activismo social y la denuncia pública dando un paso más en la reivindicación de los derechos de las personas en situación de exclusión social en la ciudad de Vigo.
A raíz de la inexistencia de recursos sociosanitarios dignos, nuestra labor se concentra principalmente, en la reivindicación de un Centro de Inclusión Social, pero trabajamos otros objetivos como: la denuncia de la vulneración de los derechos de las personas; la investigación de la situación de las personas consumidoras de drogas; la sensibilización y el conocimiento de la sociedad sobre el colectivo; la reflexión y el planteamietno teórico sobre el uso de sustancias...
Pueden colaborar con nosotr@s como personal voluntario-colaborador (presencial o vía online):
Grupo Movilización Drogas Vigo | Facebook
http://gl-es.facebook.com/people/Grupo-Movilizacion-Drogas-Vigo/100001693601857
http://medicosdomundogalicia.blogspot.com/
dirección correo electrónico: gmdv2010@hotmail.com
Páginas amigas
Centre de Treball i Documentació (CTD)
http://www.cetede.org
Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas
http://www.ucm.es/info/nomadas
El Viejo Topo
http://www.elviejotopo.com
La Insignia
http://www.lainsignia.org
Sin permiso
http://www.sinpermiso.info
Revista mientras tanto
Número 115 (En prensa)
| mientras tanto
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB |
Invierno 2010 115 OBAMA, LA IZQUIERDA Y LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA NORTEAMERICANA
Andreu Espasa CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE EEUU Michael T. Klare SOBRE EL PICO DEL PETRÓLEO. ENTREVISTA A ROBERT H. HIRSCH Matthieu Auzanneau ESTATUTO JURÍDICO DEL SAHARA OCCIDENTAL José Antonio Yturriaga Barberán CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO RELIGIÓN Y FE HOY. UNA APORTACIÓN AL FORO MUNDIAL DE TEOLOGÍA Y LIBERACIÓN Jaume Botey IGLESIA CATÓLICA Y ESTADO LAICO Juan José Tamayo ATEISMO Y LAICIDAD Joan Carles Marset SOBRE LAICISMO Y EDUCACIÓN José Manuel Barreal CONTRA LA AUTONOMÍA FEMENINA: EL ABORTO COMO MATERNIDAD NEGADA Antonio Giménez Merino CUESTIÓN DE PALABRAS Álvaro Salvador CITA Georges Sorel, Reflexiones sobre la violencia
|
| mientras tanto bitartean mientras tanto mentrestant
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB |
Contactar
Web Icaria editorial: www.icariaeditorial.com/colecciones2.php?id=22
Sugerencias: Apartado de correos 30059, Barcelona.
Suscripciones: e-mail: comandes@icariaeditorial.com , icaria@icariaeditorial.com.
Tel. (34) 301 17 23/26 (lunes a viernes de 9 a 17 h.). Fax (34) 93 317 82 42.
Consulta de números atrasados: www.icariaeditorial.com/colecciones2.php?id=22
mientrastanto.e
Edita: la redacción de mientras tanto, Fundación G. Adinolfi - M. Sacristán.
Coordina: Antonio Giménez y Antonio Madrid.
Producción: Francisca Calderón y Agustí Roig.
Suscribirse y desuscribirse: www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/mientrastanto.e, o bien suscripciones@mientrastanto.org.
Números atrasados: www.ucm.es/info/nomadas/mientrastanto/ .
La suscripción a mientrastanto.e es gratuita.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada