El Gobierno, a través de una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria presentada por Gaspar Llamazares, se ha escudado en la valoración de que “todas las actividades e informaciones relacionadas con el Centro Nacional de Inteligencia están clasificadas de secreto” para no dar explicaciones a la principal cuestión planteada por el presidente del Grupo Parlamentario de IU-ICV, quién interrogó sobre “la existencia de protocolos reservados de colaboración CIA-CNI”, en relación a los vuelos ilegales realizados por la agencia de espionaje norteamericana que tuvieron escala en aeropuertos españoles.En la respuesta remitida al Congreso a través del Ministerio de la Presidencia, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero especifica que “el artículo 5.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, establece que ‘las actividades del centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los acuerdos internacionales”.Además, dadas las reiteradas peticiones de comparecencia del director del CNI ante la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados del Congreso –conocida coloquialmente como Comisión de secretos oficiales- formuladas por Llamazares, éste preguntó también sobre “qué mecanismo de información va a poner en marcha el Gobierno” ante la mencionada comisión parlamentaria para que el Parlamento pueda recibir datos sobre los vuelos de la CIA en nuestro país.El Gobierno responde a esta cuestión que “la Resolución del Presidente del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, para el acceso por la Cámara al conocimiento de las materias clasificadas, y la propia Ley reguladora del CNI han demostrado su eficacia, logrando aunar el legítimo ejercicio del derecho parlamentario al control político y a la información con la protección de la reserva sobre las materias clasificadas con arreglo a la Ley”.Gaspar Llamazares valora y espera que, tras esta respuesta, el Gobierno “dé el paso que hasta ahora ha eludido y que le venimos reclamando desde hace meses, y atienda a nuestras reiteradas solicitudes de comparecencia -alguna de ellas ya calificada favorablemente por la Mesa de la Cámara hace semanas- ante la Comisión de secretos oficiales para dar detalles de toda la información y las últimas novedades de las que disponga sobre este caso”.
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