Cayo Lara avanza el plan que elabora IU para que el Estado compre a precio de coste 100.000 viviendas y las destine alquiler

Cayo Lara avanza el plan que elabora IU para que el Estado compre en 2009 a precio de coste 100.000 viviendas nuevas y las destine principalmente al alquiler para personas con menos recursos
En rueda de prensa junto a José Antonio García Rubio, el coordinador general indica que frente al problema de bancos y promotores con un millón de viviendas sin vender “nosotros lanzamos ahora una oferta desde lo público para que ellos también arrimen el hombro, rescatar todas esas viviendas y favorecer a los ciudadanos”

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, acompañado por el secretario de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, han presentado hoy el Plan Alternativo de Acceso a la Vivienda en condiciones de crisis económica que elabora esta formación. Según han detallado ambos, uno de los principales objetivos es que “el Estado adquiera a precio de coste en 2009 cerca de 100.000 viviendas nuevas, que no hayan sido objeto de una primera ocupación y que los promotores no han logrado vender, incluidas en el stock de más de un millón de casas que se encuentran en esta situación”. La intención es que estas viviendas se destinen “prioritariamente” al alquiler protegido con precio tasado dirigido a aquellas familias y colectivos con menos recursos y en situación económica más precaria.

En concreto, el texto del Plan señala textualmente que el Estado debería adquirir “anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas antes del 1 de enero de 2009 que no hayan sido objeto de una primera ocupación, en cantidad proporcional a la demanda de viviendas protegidas en cada municipio (…). Durante el ejercicio de 2009 se propone la adquisición de 100.000 viviendas por este procedimiento”.

Cayo Lara se encargó de poner en rueda de prensa en la sede de IU en su contexto actual esta propuesta. Argumentó para ello que el problema de fondo del mercado de la vivienda surge de un modelo de desarrollo insostenible “sustentado en el ladrillo y al que, pese a su gravedad, no se le ha hecho frente y casi no ha habido intervención pública”.

El coordinador general de IU detalló en los últimos años del ‘boom inmobiliario’ “sólo cerca de 6 ó 7 viviendas de cada 100 construidas han sido protegidas. De ahí viene en buena medida la situación actual de precios y que nos encontremos con jóvenes y familias hipotecados de por vida”.

Indicó que desde hace tiempo “son los bancos y los promotores quienes se enfrentan al problema del millón de empresas nuevas vacías que buscan comprador. Nosotros lanzamos ahora una oferta a esas entidades desde lo público para rescatar todas esas viviendas”.

Lara explicó también cómo se agrava el drama que supone los desahucios de sus viviendas de quienes se han hipotecado para su adquisición o de quienes las alquilan. Trasladó algunos datos recogidos en informes oficiales como que “los embargos de viviendas en 2009 serán un 197% superiores a los que ya hubo en 2007. Los desahucios ya han llegado a 140.000 y para fin del año en que estamos unas 180.000 familias se pueden ver afectadas también por los mismos”. Todo ello, “en una situación de desempleo que puede hacer que para el verano haya 1,5 millones de personas sin cobrar ni subsidio ni prestación por desempleo alguna”, advirtió.

El máximo dirigente de IU indicó que este Plan Alternativo de Vivienda es continuación del Plan Alternativo de Empleo presentado el mes pasado. “Nosotros vamos a seguir haciendo propuestas sobre lo que interesa a la gente, sobre los problemas reales que tiene la mayoría de ciudadanos, y dejamos a otros que se enreden en cortinas de humos de casos de corrupción que parece que les ocupan mucho tiempo”, valoró.

En este sentido, Lara aprovechó para avanzar una propuesta en la que ya trabaja Izquierda Unida en colaboración con distintos colectivos y expertos para que el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), “adelante recursos a los ayuntamientos para que éstos puedan pagar a las pymes con las que han tenido contratas y siguen esperando que les paguen”. Se trataría de desatascar urgentemente una situación que afecta muy directamente a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, con deudas con las administraciones locales cercanas a los 30.000 millones de euros.

José Antonio García Rubio, por su parte, fue el encargado de explicar más detalladamente el plan. Así, explicó que la fórmula para comprar esas 100.000 viviendas anuales se haría determinando un precio “mediante subasta a la baja”, estableciendo como límite máximo el precio medio de coste en la zona donde están situadas las viviendas, o bien mediante el ejercicio del “derecho de tanteo y retracto sobre las adquisiciones de vivienda hechas por los bancos o sus sociedades inmobiliarias y en el caso de las viviendas que salgan a subasta pública”.

El responsable económico de IU afirmó que “ante una situación como la actual todos tenemos que arrimar el hombro, pero también los promotores, a los que se les ofertará comprar las viviendas que tienen sin vender a precio de coste y que no pueden esperar sacar los enormes beneficios que han logrado hasta ahora por ellas”.

El texto elaborado por IU señala también que “en el caso de las viviendas procedentes de subastas por impago de hipotecas, tendrá preferencia el propietario embargado. Bajo determinadas condiciones, el alquiler podrá ser con opción a compra”. Se acota la propuesta para que no existan abusos puntualizando que “el precio máximo de alquiler no podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar”.

El plan presentado por IU se ocupa también de plantear “medidas de urgencia para evitar los embargos y desahucios de los trabajadores en paro”. De esta forma, plantea que “las Comunidades Autónomas se subrogarán en el pago de los intereses de los créditos hipotecarios de los trabajadores en paro cuyos ingresos familiares no superen la cantidad de 3,5 veces el IPREM (22.144,01 euros anuales)”.

Además, fija también que estas mismas CC.AA. “acordarán ayudas a fondo perdido para el pago del principal de la hipoteca de hasta el 50% del mismo, destinados a aquellos trabajadores en paro cuyos ingresos no lleguen a 2,5 veces el IPREM (16.807,15 euros anuales)”.

“Las Comunidades Autónomas acordarán ayudas al pago del alquiler mensual de los trabajadores en paro que estén sometidos a un procedimiento de desahucio, siempre que sus ingresos familiares no superen 2,5 veces el IPREM (16.807,15 euros anuales). Esta ayuda llegará hasta el 50 por ciento del alquiler mensual, con un límite de 350 euros por vivienda y mes” señala también el texto.