JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Fue precisamente en Davos, hace más de una década, cuando Tietmeyer,
entonces gobernador del poderoso Bundesbank, decretó el fin de la
soberanía popular. "Los mercados serán los gendarmes de los poderes
políticos", dijo. Era el grito de guerra de un nuevo capitalismo
triunfante que, fundamentado en la libre circulación de capitales, se
postulaba sin límites ni barreras y que exigía que todo se rindiese a
la lógica del mercado.
Se ha visto a dónde nos ha conducido tal sistema: al borde del abismo.
El año pasado, en febrero, las fuerzas económicas y sus satélites
acudieron también a Davos, aunque en esta ocasión fueron humildemente,
recubiertos todos ellos con el sayal de penitente y dispuestos a
implorar al sector público que los protegiese del caos. Pero ha
bastado un año, sólo un año, para que vuelvan a las andadas y, una vez
salvados, sin importarles un ápice los cadáveres que dejan atrás, han
regresado desafiantes a la ciudad de los Alpes dispuestos a plantar
cara a los gobiernos, a imponerlos sus condiciones y a impedir
cualquier regulación.
Como manifestación de su poder, han sentado en el banquillo de los
acusados a tres países, no del Tercer Mundo sino de la Unión Europea
–España, Grecia y Lituania–, escogiendo como fiscal al presidente del
Banco Central Europeo y como jueces, a las agencias de calificación,
las mismas que contribuyeron a la crisis dando la máxima valoración al
papel basura que infectó la economía internacional. Y lo peor es que,
al menos en el caso España, su estrategia ha tenido éxito, porque el
Gobierno –tras caer inocentemente en la trampa de comparecer en tal
foro– se ha apresurado a dar un giro a la derecha y a asumir las tesis
de las fuerzas más conservadoras.
El Gobierno presenta un plan para realizar fuertes recortes del gasto
en un presupuesto que apenas lleva un mes en vigor. Poco importa que
la economía española se encuentre aún lejos de salir de la crisis y
que estas medidas contradigan los planes de estímulo y obstaculicen la
recuperación. De nada vale que el stock de deuda pública sea de los
más bajos de la Unión Europea y que nuestras dificultades provengan
del endeudamiento privado y no del público. No cuenta que nuestro
déficit se haya originado fundamentalmente por la contracción de la
recaudación, causada en parte por la baja actividad y en parte por una
política fiscal que durante estos últimos 12 años ha
desarmado los tributos progresivos. Qué más da que la congelación de
la oferta pública de empleo lo único que consiga sea incrementar el
enorme paro existente. Es igual, los mercados han hablado y hay que
obedecer.
El Gobierno ha asumido la tesis de la derecha de que el sistema
público de pensiones es inviable y hay que reducir, por tanto, las
prestaciones. Resulta lo mismo que las proyecciones demográficas sean
todas cuestionables. De nada vale afirmar que en ninguna parte esté
dicho que sean únicamente los trabajadores los que tengan que sostener
con sus cotizaciones las pensiones, como si los otros impuestos no
contasen, principalmente los que se giran sobre las sociedades y las
rentas de capital. Es igual, los mercados se han manifestado y hay que
inclinarse ante ellos.
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