| Los casos de corrupción que inundan las instituciones del Estado son un reflejo de la mercantilización de la política. Lejos de ser ésta un servicio público, para algunos políticos no es más que un negocio lucrativo. Su paso por la política es una aventura financiera de la esperan sacar grandes beneficios. |
Hubo una época en que quizá tenia cierto sentido fijarse en la capacidad emprendedora y de cambio social ("revolucionario", dijeron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista) de la burguesía. Pero se trataba de una burguesía "ascendente", es decir, en pugna con la vieja aristocracia parasitaria del Antiguo Régimen, que como una sanguijuela chupaba el sudor y la sangre del campesinado y despreciaba la inversión productiva. Si es cierto que en un tiempo la burguesía emprendedora y transformadora floreció particularmente en Cataluña (y en Euskadi), mientras en el resto de España predominaban los hábitos parasitarios de la vieja sociedad preindustrial, ése ya no parece ser el caso.
El caso MilletAhora, en cambio, aquella clase innovadora, una vez escalada la cima de la pirámide social, no sólo continúa ejerciendo un dominio casi absoluto sobre la vida colectiva, sino que ha asumido la misma función parasitaria que en su momento ejercía la aristocracia. El "caso Millet" no es sino una pequeña muestra de este fenómeno de degeneración social: una burguesía que vive de rentas pero no ya de la tierra o del trabajo de los demás sino del erario público y de las aportaciones de buena voluntad de miembros de su clase que aún poseen el viejo talante emprendedor y una visión idealizada de los dirigentes de su país.
Los datos esenciales del caso podrían resumirse así: a finales de julio de 2009 se destapó la presunta desviación de 2.000.000 de euros durante los años 2003 y 2004 por parte de la Asociación Orfeó Català-Palau de la Música, cuyo patronato era presidido por Fèlix Millet. A partir de entonces Millet ha ido siendo cesado de los múltiples cargos que llegó a ocupar, tanto en el Palau como en otras empresas (Bankpime). El propio implicado ha reconocido el desvío de fondos para sus cuentas y patrimonio personal-familiar. Las últimas noticias periodísticas hablan de hasta 23 millones, según una auditoria encargada por los nuevos responsables de la institución cultural.
Fèlix Millet i Tusell nació en Barcelona hace casi 74 años, y es sobrino-nieto del fundador del Orfeó Català, Lluís Millet i Pagès. Fue nombrado presidente del Orfeó el 1978. En 1983 pasó dos semanas en la cárcel al verse implicado en el caso Renta Catalana, que se saldó para él con 30.000 pesetas de multa por imprudencia. Estos antecedentes no supusieron impedimento para ir acumulando cargos y las más altas distinciones, como la Creu de Sant Jordi, que estos días la Generalitat le ha retirado.
El origen de la estafa y su modus operandi hay que buscarlo en la imbricación de la burguesía catalana en la política de los partidos ya durante la clandestinidad y más tarde con el Gobierno de la Generalitat de Jordi Pujol. Como pone de manifiesto de manera clarísima un reciente artículo de Salvador López Arnal en Rebelión (Rebelión: El caso Millet) la burguesía catalana fue preparando el terreno para el postfranquismo subvencionando a intelectuales no adscritos políticamente con el propósito de ayudar a su producción artística y a la difusión de la cultura catalana. Nada que objetar, en principio, a tan noble inversión, pero de ahí al clientelismo hay un pequeño paso, sobre todo cuando la selección de intelectuales tenía el objetivo implícito de frenar la pujanza de un PSUC entonces centro de todos los miedos de la clase pudiente.
El modelo pujolista de mecenazgo se basaba en la concesión de contratos públicos a cambio de contribuciones millonarias a instituciones culturales, entre ellas el Palau de la Música Catalana. Su consecuencia bastarda ha sido el enriquecimiento de los gestores del Palau y sospechosas subvenciones a fundaciones de partidos (de momento sólo se ha hablado de la de Convergencia, que está intentando devolverlas).
El caso PretoriaUn caso algo diferente, pero que implica también a Convergència (y al PSC, en un ejemplo caricaturesco del "ascensor social") es el llamado "Pretoria".
El Ayuntamiento de Santa Coloma vendió suelo público a la iniciativa privada Centro Comercial Gramenet S.A., una UTE de la que forma parte PROINOSA, con un proyecto donde se proponían un centro comercial, vivienda pública, parking y cines. Esta UTE planteó la inviabilidad del proyecto y desde la Concejalía de Urbanismo se negó la posibilidad de modificarlo. Las acciones fueron vendidas a empresas vinculadas con Luis Andres Garcia "Luigi" (ex-diputado socialista, expulsado del PSC), y en este momento sí se hizo la modificación y un incremento de valor. Con esta revalorización se vendió a las empresas que desarrollaron el proyecto Cubics, y los intermediarios se beneficiaron de esta operación especulativa. El pago de las operaciones se realizó mediante dinero procedente de paraísos fiscales, y presuntamente con blanqueo de dinero. El Alcalde, Bartomeu Muñoz, y el Concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco (PSC), aparecen implicados por haber favorecido estas transacciones especulativas. Aparecen también en el sumario constructores y personajes como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, altos cargos de Convergència en tiempos de Pujol, que presuntamente están en la trama de blanqueo de dinero y tráfico de influencias.
Esta trama de corrupción no se hubiera dado sin una mayoría absoluta y absolutista del PSC desde 1999, un modo de gobierno que ha ido liquidando las redes sociales y las entidades no afines, plutocrático, basado en el populismo más rancio, la democracia de baja intensidad y el desdén por los órganos de participación ciudadana.
Estamos de forma evidente en un momento de inflexión y donde no sirven operaciones de maquillaje o lo que en términos lampedusianos sería cambiar todo para que nada cambie. La debilidad de los movimientos ciudadanos, el desdén y alejamiento de los ciudadanos y ciudadanas por la comunidad y las redes sociales colectivas, la actitud de desprecio sobre estos movimientos por parte del poder que no escucha sus propuestas, el alejamiento de los medios de comunicación del periodismo social y de investigación, dejando de ser el contrapoder necesario, son cuestiones que en palabras de Joan Subirats hacen que la contrademocracia imprescindible para el control democrático sea tenue, y deje muchas puertas abiertas a la corrupción y a que el poder económico busque aliados en las estructuras de las instituciones.
El caso Gürtel en Castilla y LeónLa trama de corrupción que salpica al Partido Popular también parece estar extendida por Castilla y León. O esa es la conclusión que se saca de la lectura de los documentos intervenidos a la red de Francisco Correa. En el caso de esta Comunidad Autónoma, todas las miradas apuntan a un nombre, 'Toti', apodo con el que es conocido el actual presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, quien durante su estancia al frente de la Consejería de Fomento realizó una concesión a la empresa Teconsa -afín al conglomerado de empresas de Correa- para construir la variante del municipio leonés de Olleros de Alba.
Por ella, según se desprende de un informe que la Policía ha entregado al Tribunal Supremo, habría recibido una comisión de 39.000 euros. El informe, remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, indica que la constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de dicha variante por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió el botín entre dirigentes del PP, entre ellos el tesorero, Luis Bárcenas. Otro de los beneficiados es T.O, unas siglas que la policía da por hecho que se refieren al mencionado 'Toti'.
Pero parece que no es ésta la única adjudicación irregular que Fernández Santiago realizó siendo consejero, ya que a medida que pasa el tiempo y se hace público el sumario se conocen otras oscuras actuaciones, como el premiso otorgado de un área de servicio a una unión de empresas en la que aparece una constructora relacionada con la trama, Constructora Hispánica. Tampoco es Fernández Santiago el único consejero de Fomento que ha salido salpicado por la trama Gürtel, ya que Jesús Merino, quien ocupara anteriormente este cargo además de ser secretario general del PP de Castilla y León y ex vicepresidente de la Junta, lleva ya tiempo en el ojo del huracán.
Según han desvelado diversos medios de comunicación, Merino pudo percibir de la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa más de 200.000 euros. Así, en los documentos requisados a la trama corrupta figura un pago de 50.000 euros a 'Jesús Merino' y otras entregas que suman 170.000 euros a 'J. M', iniciales que, según la Policía, le corresponden. La propia mujer de Jesús Merino, Ana Gutiérrez, ha aparecido en los papeles como uno de los creadores -junto al tesorero del PP, Luis Bárcenas- de una sociedad fantasma 'Astrolago', que sin actividad ni trabajadores se habría convertido en la tapadera para formalizar comisiones y adjudicaciones.
La trama Gurtel en GaliciaEl gallego Pablo Crespo, considerado como el número dos de la red tejida por Francisco Correa, fue secretario de Organización del Partido Popular en Galicia desde 1996 a 1999. Ocupaba, por tanto, el número tres en el organigrama tras el presidente Manuel Fraga y el recientemente fallecido Xosé Cuiña
El actual presidente de la Xunta, Aberto Núñez Feijóo se trasladó a Madrid en 1996 para ocupar el cargo de Secretario General de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo del gobierno de José María Aznar, y ese mismo año se convirtió en presidente del INSALUD. Posteriormente, dirigió Correos y Telégrafos hasta el año 2003 en que regresó a Galicia para formar parte del gobierno de la Xunta. La ausencia obligada de Feijóo en los tiempos en que Crespo operaba en Galicia le ha permitido recomendar públicamente a Camps que aclare sus vínculos con la trama Gürtel. Pero las escuchas en prisión ordenadas por el juez han permitido conocer las conversaciones de Crespo con uno de sus abogados en las que afirma, al referirse a las cuentas del partido y la relación de ingresos y gastos en su época como dirigente gallego: "Esto va a traer cola cuando se levante el secreto del sumario" puesto que había depósitos "sin especificar quién ingresaba".
Por lo tanto, dicha trama ya se extiende a Galicia y plantea la sospecha sobre los últimos años de la era Fraga. Nada novedoso ni extraño para cualquier gallego que, a no ser que haya vivido en una burbuja o estado en coma, conoce a la perfección las tramas corruptas, el clientelismo y los métodos de los Fraga's Boys.
Jesús Sánchez-Marín (Comunicació PSUCviu) y Àngel Pla (concejal de Sta. Coloma de Gramenet); Jorge Román (Secretario PC Castilla León); Carlos Portomeñe (Secretario Partido Comunista de Galicia).
Fuente: http://www.nodo50.org/pce/mundoobrero/mopl.php?id=1311Compartir esta noticia:
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